Gobierno de Paz ratifica fin del subsidio a combustibles y enfrenta protestas
El gobierno declara no negociable el decreto que elimina la subvención a los combustibles. Ofrece diálogo para explicar la medida, que busca sanar la economía y frenar un déficit proyectado de 3.500 millones de dólares para 2026, ante el rechazo y las protestas sociales.
Gobierno ratifica fin de subvención a carburantes y abre diálogo técnico
El gobierno de Rodrigo Paz declaró no negociable el Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles. Pese al caos en calles y al rechazo de varios sectores, el Ejecutivo ofreció diálogo para explicar los fundamentos de la norma, que según el ministro de Economía busca sanar una economía «absolutamente destruida».
Un decreto para frenar el déficit
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, calificó la subvención como «una enfermedad» y detalló que el Estado proyectaba gastar 3.500 millones de dólares en 2026 para cubrirla, equivalente al 6,4% del PIB. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el 70% de ese subsidio no beneficiaba a sectores vulnerables, desglosando que un 30% era captado por corrupción y contrabando y un 40% favorecía a familias de alto poder adquisitivo.
Rechazo y movilizaciones en la calle
La oposición política y sectores sociales anunciaron protestas. La Central Obrera Boliviana (COB) convocó un ampliado nacional de emergencia. El sector transporte en La Paz ratificó un paro de 24 horas y advirtió con uno indefinido. Desde la cárcel, el expresidente Luis Arce calificó la medida de «crimen contra el pueblo».
Antecedentes de una economía en crisis
El gabinete económico defendió la urgencia de la reforma ante una economía que describieron como «absolutamente destruida» por dos décadas de lo que calificaron como despilfarro y mala gestión durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Según el ministro Espinoza, el esquema de subvención degeneró en un «punto de corrupción» institucionalizado.
Cierre: Apoyos condicionados y un país dividido
El sector privado, a través de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), respaldó la eliminación del subsidio como una decisión «necesaria y urgente». Sin embargo, manifestó profunda preocupación por el incremento del 20% al salario mínimo, exigiendo mesas de trabajo técnico. El vicepresidente Edmand Lara aseguró que, en la Asamblea Legislativa, solo la alianza Unidad respalda el decreto, evidenciando la división política.