Analista afirma que el mejor momento para retirar el subsidio a carburantes fue entre 2009 y 2014

El analista Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo, sostiene que la mayor bonanza de hidrocarburos, con exportaciones anuales superiores a 6.000 millones de dólares, era el momento idóneo para un retiro gradual del subsidio. Pese a los actuales reclamos por la falta de coordinación, ningún sector niega que esta medida debía darse. El gobierno de Evo Morales intentó un ajuste en 2010, pero las protestas sociales lo hicieron retroceder.

La oportunidad perdida durante la bonanza

Raúl Velásquez explica que entre 2009 y 2014 Bolivia vivió su mayor bonanza por la venta de gas natural. En ese periodo, el Estado tenía un colchón financiero que permitía subsidiar en algún porcentaje y ejecutar mecanismos de compensación mayores. “Había los recursos tanto para subsidiar como para poder hacer las políticas sociales”, indica. Ahora, según el analista, es muy difícil implementar políticas sociales amplias y estas se tendrán que enfocar en la población más vulnerable.

Intentos fallidos y ajustes históricos

El primer intento significativo ocurrió el 26 de diciembre de 2010, cuando el gobierno de Evo Morales decretó un aumento. Las movilizaciones, principalmente en El Alto, forzaron la derogación de la norma cinco días después. Anteriormente, en 2004, el gobierno de Carlos Mesa también enfrentó protestas tras un incremento, lo que derivó en un congelamiento y posterior fijación de precios.

Antecedentes: Cinco regímenes de precios desde 1986

La historia de los ajustes se remonta al decreto 21060 de 1986, que niveló los precios de los carburantes a los internacionales. Luego, entre 1997 y 1999, se implementó una metodología basada en precios de referencia internacionales. El periodo 2000-2003 estuvo marcado por la privatización y políticas de estabilización con costo fiscal. En 2004 se creó una banda de precios para proteger al consumidor de alzas internacionales, y el último ajuste antes de 2025 se realizó en 2005.

Cierre: Un ajuste pospuesto y sus consecuencias

La medida actual, decretada el 17 de diciembre de 2025 por la administración de Rodrigo Paz, incrementa la gasolina en un 86% y el diésel en un 163%. Este ajuste, que varios actores consideraban inevitable, se produce en un contexto financiero menos favorable que el de la bonanza pasada, lo que limita la capacidad del Estado para aplicar compensaciones sociales de amplio alcance.