Organizaciones femeninas exigen al TSE ajustar el reglamento electoral para 2026

Plataformas y asociaciones de mujeres presentaron una solicitud formal al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para modificar el Reglamento de Registro de Candidaturas de las elecciones subnacionales de marzo de 2026. Alertan que el texto actual contiene vacíos que pueden vulnerar los principios de paridad y alternancia en las listas de asambleístas y ediles.

Vacíos que ponen en riesgo la representación femenina

Las organizaciones, entre ellas el Movimiento Juntas Hacemos Historia, la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) y la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales de Bolivia (AMADBOL), advierten que la Resolución TSE-RSP-ADM N° 530/2025 no garantiza una distribución equilibrada en postulaciones a gobernaciones y alcaldías. “Uno de los principales riesgos es que la norma no asegura la paridad en estas postulaciones”, explicó Tania Sánchez, vocera del movimiento.

Problemas específicos y propuestas de cambio

Señalan ambigüedades en artículos como el 10 y el 24, que permitirían a las agrupaciones armar listas sin paridad si se presentan solo en algunos municipios. Para evitarlo, plantean que la paridad horizontal sea obligatoria en todos los niveles, aplicando un esquema de 50% para cada género. Además, piden que los Tribunales Electorales Departamentales (TED) rechacen las listas que no cumplan la norma.

Preocupación por un retroceso en los derechos adquiridos

Las dirigentes expresan temor a un retroceso en la participación política de las mujeres. “Nos están coartando derechos que están en la Constitución y en la Ley 026”, afirmó Maribel Mita de ACOLAPAZ. Desde Santa Cruz, la asambleísta Mavy Darinka Pedraza alertó sobre prácticas de acoso político que disuaden la participación femenina.

Un llamado a la acción inmediata del órgano electoral

La solicitud formal fue dirigida al presidente interino del TSE, Óscar Hassenteufel. Las organizaciones exigen que se reincorpore la redacción más garantista del reglamento de 2021 y se incluyan sanciones claras para el incumplimiento, argumentando que es la única forma de proteger un derecho consolidado en la última década.