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Justicia dicta detención domiciliaria para tres mineros que portaban dinero en marcha de la COB

Tres mineros asalariados fueron aprehendidos durante las movilizaciones de la COB por portar más de 104.000 bolivianos sin justificar su origen. La justicia les impuso detención domiciliaria, arraigo y una fianza de 10.000 bolivianos, acusándolos de enriquecimiento ilícito.

La COB y los mineros asalariados exigen la abrogación del DS 5503.
La COB y los mineros asalariados exigen la abrogación del DS 5503. / Internet / ANF

Justicia dicta detención domiciliaria para tres mineros con dinero en marcha de la COB

La justicia boliviana impuso detención domiciliaria, arraigo y una fianza de 10.000 bolivianos a tres mineros asalariados. Fueron aprehendidos durante las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) por portar más de 104.000 bolivianos sin justificar su origen. Se les imputa el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Medidas cautelares y prohibición de protesta

El fiscal Julio Carrafi informó que, además de la detención domiciliaria, los sindicados tienen prohibido acercarse al lugar de los hechos, lo que les impide participar en las movilizaciones. También deben marcar el registro biométrico en la fiscalía de manera periódica como parte de las condiciones impuestas.

Dinero incautado sin justificación

Los aprehendidos fueron encontrados cerca de la Plaza Murillo. Uno portaba 104.967 bolivianos, otro 19.500 y el tercero 23.000. Según el fiscal, ninguno supo explicar el origen de los recursos y una persona intentó guardar el dinero al notar la presencia policial.

Antecedentes de la movilización

Los tres mineros fueron detenidos la semana pasada durante las protestas que desarrolla la COB. La central sindical exige la abrogación del Decreto Supremo 5503, una norma que elimina la subvención a los carburantes.

Cierre del proceso inicial

Con la imputación formal y la imposición de medidas cautelares, el caso judicial contra los tres mineros avanza. Las autoridades investigan el presunto delito de enriquecimiento ilícito mientras se mantienen las restricciones a la libertad de los sindicados.

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