Metadiario experimental

Canciller boliviano defiende el ‘Fast Track’ y asegura que respeta la consulta previa

El canciller Fernando Aramayo explicó que el procedimiento ‘Fast Track’ no suprime la consulta previa, licencias ambientales u otros trámites obligatorios. El plazo de 30 días es para dar información a los inversores, no para autorizar el inicio de operaciones.

Canciller de Bolivia, Fernando Aramayo.
Canciller de Bolivia, Fernando Aramayo. / Captura / ANF

Canciller aclara que el ‘Fast Track’ no elimina la consulta previa

El plazo de 30 días es para dar información, no para autorizar explotación. El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, explicó que el procedimiento establecido en el Decreto Supremo 5503 no suprime los requisitos legales para las inversiones extranjeras.

Garantías sobre los procedimientos obligatorios

El canciller Fernando Aramayo afirmó que la vía expedita o «Fast Track» no elimina la consulta previa, las licencias ambientales ni otros trámites. Aseguró que el decreto no contraviene las competencias de gobernaciones y alcaldías. «Se van a respetar los derechos de los pueblos indígenas», señaló, refiriéndose al Convenio 169 de la OIT.

Coordinación para información, no para ejecución

La norma plantea una coordinación entre la Cancillería y los ministerios de Economía y Planificación. Su objetivo es disponer de información para los capitales extranjeros. Aramayo precisó que el plazo de 30 días es para responder a las empresas, no para que inicien operaciones.

Cuestionamientos de la sociedad civil

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) advirtió que el decreto pone en riesgo a los pueblos indígenas y sus territorios. La institución argumenta que el uso combinado del «Fast Track» y el silencio administrativo positivo vacía de contenido procedimientos constitucionalmente obligatorios.

Ámbito de aplicación del decreto

El procedimiento se aplica a proyectos estratégicos prioritarios en sectores como minería, hidrocarburos, energía, agroindustria e infraestructura logística. Aramayo recalcó que toda empresa debe cumplir las condiciones que disponga el Estado boliviano.

Próximos pasos: la reglamentación

El canciller indicó que el decreto aún no está reglamentado y en ese proceso se especificarán todos los aspectos. Hizo un llamado a participar propositivamente en esa etapa de reglamentación.

Ir a la fuente de la noticia