Bolivia inicia 2026 con presupuesto heredado del gobierno anterior en vigencia automática
El Presupuesto General del Estado 2026 entró en vigencia por vía automática al no ser aprobado por la ALP. El gobierno de Rodrigo Paz debe ejecutar el presupuesto diseñado por la anterior administración durante al menos 60 días.
El PGE 2026 rige por vía automática y obliga al nuevo Gobierno a ejecutar el presupuesto del MAS
El Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 entró en vigencia automática el 1 de enero debido a su falta de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Esto obliga al gobierno de Rodrigo Paz a operar con el presupuesto diseñado por la anterior administración de Luis Arce durante al menos 60 días, mientras prepara una reformulación.
Un marco heredado con variables ajenas
El economista Rubén Arias señaló que el nuevo Ejecutivo hereda una hoja de ruta ajena a su programa económico. El PGE vigente se basa en proyecciones de la gestión anterior, incluyendo una inflación del 10% y el mantenimiento de la subvención a los hidrocarburos. Le correspondía al gobierno ejecutar exclusivamente la distribución de los recursos con los gobiernos subnacionales conforme a lo determinado por el presupuesto en vigencia, afirmó.
El desafío de incorporar el Decreto 5503
Uno de los cambios sustanciales en la reformulación será incorporar el Decreto Supremo 5503, que levantó las subvenciones a los hidrocarburos. Arias indicó que esto obliga a replantear las proyecciones de ingresos y gastos del Estado y a ajustar las transferencias a gobiernos subnacionales, priorizando el gasto social.
Antecedentes: Un proyecto con déficit y subsidios elevados
El proyecto original de PGE, presentado en octubre de 2025 por el gobierno de Luis Arce, proyectaba un gasto consolidado de Bs 298.332 millones. Se sustentaba en un crecimiento del PIB del 0,9% y un precio del petróleo de $us 71 el barril. Incluía una partida de Bs 15.547 millones para la subvención a los carburantes.
Cierre: Doble desafío fiscal y social
El analista Arias advirtió que el Gobierno enfrenta el doble reto de aplicar una disciplina fiscal férrea con ajuste del gasto y, a la vez, desarrollar programas sociales para atenuar las tensiones políticas derivadas de las reformas económicas.