Presidente del TSJ respalda decretos de Paz y pide más presupuesto para la justicia
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, respaldó los polémicos decretos 5503 y 5515 del gobierno de Rodrigo Paz durante la inauguración del Año Judicial. Simultáneamente, el Órgano Judicial solicitó formalmente la asignación del 5% del Presupuesto General del Estado.
Presidente del TSJ respalda decretos de Paz y pide 5% del presupuesto
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, declaró constitucionales los decretos 5503 y 5515 del gobierno de Rodrigo Paz. El respaldo se produjo durante el acto de inauguración del Año Judicial 2026 en Sucre, con la presencia del presidente y su gabinete. Saucedo argumentó que «lo que la Constitución no prohíbe, está permitido».
Un respaldo público desde Sucre
Durante su discurso, Rómer Saucedo dirigió su declaración directamente al presidente Paz, afirmando que sus decretos se hicieron «por el bien de Bolivia». Los decretos en cuestión son el 5503, que eliminó la subvención de carburantes, y el 5515, que permite al mandatario gobernar desde fuera del país mediante tecnología.
Los pedidos económicos del Órgano Judicial
Previo a su declaración de apoyo, la autoridad judicial presentó una solicitud formal. El pedido central del Órgano Judicial es la asignación de un 5% del Presupuesto General del Estado para su funcionamiento, un reclamo amparado en la Constitución Política del Estado.
Antecedentes de la petición presupuestaria
Otros altos cargos judiciales antecedieron a Saucedo con peticiones específicas. Los presidentes del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, y del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez, solicitaron un incremento presupuestario para la creación de más ítems para jueces. Spencer añadió otra petición: el retorno del Notariado Plurinacional a las dependencias del Órgano Judicial, revirtiendo una decisión anterior del gobierno del MAS.
Cierre y respuesta del Ejecutivo
El presidente Rodrigo Paz, durante su intervención en el mismo acto, anunció una «coordinación» para atender los pedidos de mayor presupuesto destinado a la administración de justicia. Esta declaración constituye la respuesta inicial del gobierno a las demandas económicas planteadas por las máximas autoridades judiciales del país.