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Defensoría del Pueblo verifica in situ la situación de defensores en Tariquía

La Defensoría del Pueblo verifica la situación de defensores ambientales en la Reserva Tariquía, donde 17 personas fueron notificadas con un nuevo proceso penal. La institución evalúa las actuaciones policiales y el estado de la vigilia campesina.

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Imagen sin título / Autor no disponible / DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Defensoría del Pueblo verifica situación de defensores ambientales en Tariquía

17 personas fueron notificadas con el inicio de un nuevo proceso penal por delitos como asociación delictuosa. Un equipo de la institución se constituyó en el municipio de Entre Ríos, Tarija, para una verificación in situ tras la intervención policial en la reserva.

Verificación in situ de la vigilia

La Delegada Defensorial Departamental de Tarija, Cecilia Bolívar, acudió por instrucciones del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. El objetivo era recabar información directa, evaluar las actuaciones policiales y constatar el estado físico de las personas en la vigilia, instalada por el Comité de Defensa de Tariquía.

Hallazgos de la visita institucional

Se verificó la participación de mujeres y personas adultas mayores de origen campesino. La vigilia se mantiene de forma continua desde el 8 de diciembre de 2025. Los comunarios solicitaron que autoridades del Órgano Ejecutivo visiten el territorio para conocer la situación de primera mano.

Acompañamiento y marco legal

La Defensoría del Pueblo realiza un acompañamiento institucional permanente. Su propósito es verificar que las actuaciones policiales se ajusten a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como al respeto de los derechos fundamentales.

Antecedentes de la intervención

La verificación se realizó en el marco de la intervención policial registrada en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. El equipo defensorial se constituyó en la zona para evaluar los hechos y las condiciones de los defensores ambientales.

Implicaciones del proceso penal

La notificación de un nuevo proceso penal a 17 personas introduce una capa legal compleja al conflicto. La Defensoría del Pueblo mantendrá su supervisión para garantizar que el debido proceso y los derechos de los implicados sean respetados en todo momento.

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