TSJ respalda decretos de Paz Pereira en inauguración del Año Judicial

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, declaró que los decretos presidenciales son constitucionales porque «lo que la Constitución no prohíbe está permitido». El acto en Sucre reunió al Ejecutivo y al Órgano Judicial, que hablaron de coincidencias y apoyo mutuo.

Coordinación y respaldo institucional

Durante la inauguración del Año Judicial 2026 en el Hall del TSJ, el presidente Rodrigo Paz Pereira destacó un «nuevo tiempo» en la Justicia. Romer Saucedo, por su parte, respaldó explícitamente los decretos supremos 5503 y 5515. El primero eliminó la subvención a los carburantes y el segundo habilita al mandatario a ejercer sus funciones desde el exterior mediante tecnología.

Posición sobre la independencia judicial

Paz Pereira subrayó que una justicia transparente y con sentido común es clave para la democracia y para recuperar la confianza de las inversiones. Afirmó que su Gobierno apuesta por fortalecer la institucionalidad judicial sin interferencias. Advirtió que «una mala justicia es una mala democracia» y ofreció colaboración para que la cooperación internacional apoye al sistema.

Nuevas autoridades y un caso de corrupción

En la ceremonia se posesionaron nuevas autoridades: Roxana Chávez asumió la presidencia del Tribunal Agroambiental y Carlos Spencer la del Consejo de la Magistratura. Saucedo también destacó el rol del fiscal general, Róger Mariaca Montenegro, en la desarticulación de una red de corrupción que intentó vulnerar al TSJ mediante la destitución irregular de una magistrada.

Antecedentes del acto conjunto

El acto oficial se desarrolló en la ciudad de Sucre con la presencia de autoridades nacionales, magistrados del TSJ, miembros del TCP y el gabinete ministerial. Marcó formalmente el inicio de la gestión judicial 2026 y dejó en claro una coincidencia central entre el Ejecutivo y el Órgano Judicial.

Cierre: Implicaciones del respaldo judicial

El respaldo público del TSJ a los decretos presidenciales y la enfatizada coordinación interinstitucional marcan el tono de la relación entre los poderes. La defensa de la independencia judicial y la lucha contra la corrupción se presentan como pilares del llamado «nuevo tiempo» en la justicia boliviana para 2026.