Viceministro revela aportes sindicales anuales superiores a 18,7 millones de dólares

Los aportes anuales de más de 220.000 trabajadores de educación, salud y minería estatal superan los $us 18,7 millones. El viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, cuestionó la falta de control sobre estos fondos. Sus declaraciones se producen tras las acusaciones del presidente Rodrigo Paz contra 50 dirigentes.

Desglose de los aportes por sector

El magisterio nacional, con unos 170.000 afiliados, aporta más de $us 13,1 millones anuales. El sector de la salud, con alrededor de 45.000 trabajadores, genera $us 4,6 millones al año. Los aproximadamente 5.000 mineros asalariados estatales aportan más de $us 862.069 anuales. Linares señaló que se desconoce el destino final de estos recursos.

Falta de transparencia y eternización en cargos

El viceministro vinculó la opacidad en la gestión de los fondos con la permanencia de los dirigentes. «Por eso los dirigentes envejecen siendo dirigentes sindicales«, afirmó. Esta crítica coincide con la denuncia de un grupo de maestros rurales, que acusó a su confederación de un despilfarro millonario y tapió su sede en La Paz.

Gobierno plantea revisión de la normativa vigente

Julio Linares propuso dos acciones: analizar la Ley General del Trabajo para que la afiliación no sea obligatoria y realizar un estudio para abrogar los decretos que establecen los aportes. Una norma observada es el Decreto Supremo 106 de 2009, que fija un descuento del 1% a los docentes.

Antecedentes: Acusaciones presidenciales y movilizaciones

El presidente Rodrigo Paz acusó previamente a 50 dirigentes de manejar millones de dólares amparados en el fuero sindical y anunció cambios para que los aportes sean voluntarios. El viceministro Linares relacionó los fondos con el apoyo a las movilizaciones actuales.

Cierre: Proceso de posible modificación en marcha

La posible abrogación de los decretos requiere un estudio técnico-jurídico, revisión por el gabinete y una decisión final del presidente. El Gobierno central tiene competencia para modificar estos decretos supremos, mientras que los cambios a la ley general del trabajo necesitan un análisis legislativo.