Cinco recursos judiciales amenazan los decretos 5503 y 5515 del gobierno
Cinco recursos legales, entre acciones populares e inconstitucionalidad, han sido presentados contra los decretos supremos 5503 y 5515 del presidente Rodrigo Paz Pereira. El vicepresidente Lara anuncia un proyecto de ley para frenarlos.
Cinco recursos judiciales amenazan los decretos 5503 y 5515 de Paz Pereira
Cinco recursos legales han sido presentados contra los decretos supremos 5503 y 5515 del presidente Rodrigo Paz Pereira. El vicepresidente Edmand Lara anunció un proyecto de ley para frenarlos. La Sala Constitucional de Santa Cruz admitió una acción y fijó audiencia para el viernes.
Recursos repartidos en tribunales
Los cuestionamientos son dos acciones populares y tres acciones de inconstitucionalidad abstracta. El jurista Wilmer Vásquez interpuso las acciones populares en Santa Cruz y La Paz. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz admitió el recurso y programó una audiencia para este viernes a las 13.00.
Inconstitucionalidad ante el TCP
Frente al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hay tres acciones. El presidente de la Asamblea Legislativa de Cochabamba, Juan Carlos Irahola, presentó una contra cada decreto. El Partido Demócrata Cristiano (PDC), mediante el senador Wilder Véliz, presentó otra contra el decreto 5503.
Vicepresidencia propone ruta legislativa
El vicepresidente Edmand Lara, presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), anunció una iniciativa paralela. Presentará un proyecto de ley para «poner un alto» a lo que califica como «decretos inconstitucionales». Lara hizo un llamamiento a los legisladores para que aprueben la norma.
Antecedentes del conflicto legal
Los decretos supremos 5503 y 5515 fueron promulgados por el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira. Su contenido ha generado la reacción de actores políticos y juristas, que los cuestionan mediante vías judiciales y legislativas.
Implicaciones del proceso
El futuro de los decretos queda sujeto a resoluciones judiciales y al debate parlamentario. El proceso combina la vía constitucional en el TCP, la jurisdicción ordinaria departamental y una iniciativa legislativa desde la propia ALP.