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Defensor del Pueblo alerta sobre criminalización de defensores ambientales en Tariquía

El Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, denuncia la criminalización de comunarios en la Reserva Tariquía tras un nuevo operativo policial y de Petrobras para exploración petrolera. Se ha iniciado un segundo proceso penal contra los defensores ambientales.

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Defensor del Pueblo alerta de criminalización en defensa de Tariquía

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que la situación en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía refleja un escenario de criminalización de defensores ambientales. Su declaración se produce tras un nuevo ingreso policial y de personal de Petrobras para exploración petrolera. Callisaya alertó sobre un segundo proceso penal contra comunarios.

Nuevo operativo reabre conflicto en reserva natural

El pasado 5 de enero, la Policía Boliviana, acompañada de personal de Petrobras, ingresó a la zona y estableció un campamento con 40 efectivos. El objetivo era desarrollar actividades de exploración petrolera. Callisaya calificó el hecho como «preocupante» debido a un presunto incumplimiento en el proceso de Consulta Pública.

Procesos penales contra defensores ambientales

El Defensor del Pueblo detalló que se ha iniciado un segundo proceso penal contra comunarios de Chiquiacá y Tariquía. Los delitos imputados incluyen asociación delictuosa y atentado contra la libertad de trabajo. Callisaya enfatizó que este proceso es una muestra negativa del accionar del Estado hacia los defensores.

Antecedentes: Un caso con seguimiento internacional

El seguimiento a este caso viene desde la anterior gestión de la Defensoría. La institución participó en una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un primer incidente que derivó en un proceso contra 12 personas. En esa oportunidad ya se denunció la necesidad de respetar la condición de defensores ambientales.

Cierre: La salida está en el cumplimiento de la norma

Pedro Callisaya reiteró que la solución al conflicto pasa por el respeto a la normativa vigente. Recomendó el cumplimiento de un proceso de Consulta Pública que respete estándares internacionales. Recordó que la Ley 1333 de Medio Ambiente exige la presentación de un plan de trabajo y un estudio de impacto ambiental debidamente informados a la población.

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