La Iglesia Católica de España firma un acuerdo con el Gobierno para compensar a víctimas de abusos sexuales

El Gobierno español y la Conferencia Episcopal Española (CEE) han firmado un acuerdo para gestionar compensaciones a víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia. El pacto, firmado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el presidente de la CEE, Luis Argüello, busca abordar casos prescritos o con el acusado fallecido. El Defensor del Pueblo estima que 440.000 personas, el 1.1% de la población, sufrieron estos abusos, aunque la Iglesia ha contestado esa cifra.

Un mecanismo para casos fuera de la vía penal

El nuevo sistema permite a las víctimas presentar su caso ante una agencia creada por el Ministerio de Justicia. Esta lo remitirá al Defensor del Pueblo, que elaborará una propuesta de reparación. La Iglesia debe aceptar la compensación propuesta; si no, el caso vuelve al Defensor. La reparación puede ser simbólica, psicológica o económica, siendo la Iglesia responsable de ejecutarla. El acuerdo no especifica cantidades, pero se sugiere seguir criterios de otros países europeos.

Presión externa y descontento previo

La firma llega tras presión del Vaticano y la ruptura del diálogo con grupos de víctimas. En 2023, la Iglesia creó un fondo de reparación propio, pero el Gobierno y las asociaciones lo criticaron por su falta de transparencia y lentitud. Hasta noviembre, solo 58 casos se habían «resuelto» con ese modelo. La base de datos de El País documenta 2.948 víctimas desde los años 40.

Antecedentes: un escándalo global con revelación tardía en España

Los abusos sexuales en la Iglesia católica recibieron atención global desde los años 80. En España, un país de tradición católica, los escándalos fueron relativamente pocos durante años, pero investigaciones periodísticas recientes han sacado el tema a la luz. Un caso de alto perfil fue la renuncia en noviembre del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, tras una acusación de abusos en los años 90.

Cierre: Una respuesta a una deuda histórica

El acuerdo pretende saldar una «deuda histórica y moral», en palabras del ministro Bolaños. Para las víctimas, como Juan Cuatrecasas de la Asociación por la Infancia Robada (ANIR), es un paso necesario contra un mal endémico que la Iglesia debería haber abordado antes. El mecanismo busca ofrecer una vía de reparación donde las vías judiciales ordinarias ya no están disponibles.