TSE coordina con el Órgano Judicial para blindar las elecciones subnacionales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) impulsa reuniones de coordinación con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para garantizar el normal desarrollo de los comicios subnacionales de marzo y las futuras elecciones judiciales complementarias. El objetivo es impedir acciones legales que frenen los procesos, violando el principio de preclusión.

Acercamiento interinstitucional para un nuevo escenario

Los presidentes del TSE, Gustavo Ávila, y del TSJ, Romer Saucedo, confirmaron los acuerdos. La reunión central será el 15 de enero en Sucre e incluirá al Ministerio Público. Saucedo asegura que esta coordinación dista de la practicada en gobiernos anteriores y que se basa en el respeto a la Constitución, sin injerencias políticas. Por su parte, Ávila busca evitar la repetición de las 70 acciones judiciales que intentaron frenar los comicios de 2024.

Críticas por presunta injerencia en la labor judicial

El exmagistrado del TCP Marco Antonio Baldivieso observa la postura del TSE y TSJ. Considera que estas entidades no pueden adelantar criterios sobre eventuales demandas ciudadanas. Para Baldivieso, estas reuniones son «inútiles» y se incurre en prácticas similares a las de los magistrados «autoprorrogados», que emitían fallos por intereses del Gobierno anterior.

Antecedentes de una coordinación efectiva

Esta es la segunda vez que el TSE activa esta estrategia. En las elecciones generales de 2025, la coordinación con el TCP y el TSJ fue positiva y permitió el desarrollo del proceso sin interrupciones. El diputado Rafael López, de la alianza Libre, respalda la medida actual al considerar que replicar esa experiencia será lo mejor para el país.

Cierre: El desafío de blindar el proceso ante posibles impugnaciones

El TSE también estableció el 5 de febrero como fecha límite para la sustitución de candidaturas inhabilitadas, una decisión que podría generar amparos. La reacción del TCP y el TSJ ante posibles demandas será la prueba del nuevo escenario de relacionamiento institucional que las autoridades judiciales aseguran haber inaugurado, libre de presiones partidistas.