Gobierno de Bolivia promulga decreto de emergencia económica y social
El Gobierno promulga el Decreto Supremo 5516, que fija precios de combustibles, aumenta el salario mínimo nacional a Bs 3.300, incrementa bonos sociales y establece un diferimiento condicionado de créditos. La norma busca estabilización con compensación social.
Gobierno promulga decreto con ajuste de combustibles y aumento salarial
El Decreto Supremo 5516, de 32 artículos, deroga el DS 5503. El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira ratifica la política de precios de combustibles, incrementa transferencias sociales y eleva el salario mínimo nacional. La norma se validó en mesas de diálogo tras protestas.
Pilares del nuevo paquete económico y social
El decreto articula política energética, social, laboral y financiera. Abroga dos normas clave del anterior paquete económico y establece un giro hacia una estrategia de estabilización con componente social.
Estabilización de precios de combustibles
Fija precios finales al consumidor. La gasolina especial queda en Bs 6,96 por litro y el diésel en Bs 9,80. La gasolina premium sube a Bs 11. Se mantiene el precio del GNV en Bs 2,73 por metro cúbico. El Gobierno justifica la medida para corregir distorsiones y frenar un contrabando estimado en hasta el 40% de la oferta.
Refuerzo de la protección social
El Bono Juancito Pinto sube de Bs 200 a Bs 300. La Renta Dignidad se incrementa en Bs 150 para adultos mayores sin jubilación. Se crea el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), una transferencia monetaria temporal para hogares vulnerables.
Aumento del salario mínimo nacional
El decreto fija el Salario Mínimo Nacional en Bs 3.300, un incremento del 20% respecto a 2025. El aumento rige para sector público y privado y es retroactivo al 1 de enero de 2026.
Alivio financiero condicionado
Reglamenta el diferimiento de créditos de la Ley 1670. Prestatarios de vivienda social y microempresas podrán postergar hasta seis meses el pago de capital, intereses y seguros. El diferimiento no implica condonación.
Antecedentes: Un decreto de transición
La normativa consolida el enfoque del nuevo gobierno: fin del subsidio generalizado, corrección de distorsiones económicas y compensación social focalizada. Se validó en mesas de diálogo en medio de protestas y bloqueos, con una negociación con la COB hasta la madrugada del martes 13 de enero.
Cierre: Implicaciones y próximos debates
El alcance de la norma anticipa discusiones futuras. El impacto fiscal del aumento salarial, la sostenibilidad de las transferencias y la reacción del sector privado marcarán la agenda económica en los próximos meses. El resto de disposiciones establecidas en diciembre irán a la Asamblea Legislativa para generar leyes en consenso.