Ministro de Defensa avala uso de FF.AA. para frenar avasallamientos de tierras

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, respaldó la intervención de las Fuerzas Armadas para recuperar tierras avasalladas. La propuesta surgió en una reunión entre Gobierno, Gobernación y sectores productivos. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) reporta 135 predios tomados ilegalmente en la actualidad.

De conflicto agrario a negocio ilícito

Salinas justificó el rol de las FF.AA. argumentando que su función es «multidimensional» y pueden acompañar a la policía contra ilícitos. Sostuvo que los avasallamientos ya no son un «conflicto agrario», sino «negocios ilícitos y tráfico ilegal de tierras», tras eventos con secuestros y agresiones en Santa Cruz.

Críticas a instituciones anteriores

El ministro señaló a autoridades del INRA del anterior gobierno por fomentar los avasallamientos. También mencionó al Ministerio Público como una instancia judicial involucrada en este contexto.

Reunión busca soluciones conjuntas

La propuesta de intervención se discutió en un encuentro entre el Gobierno nacional, la Gobernación de Santa Cruz y representantes del sector productivo. El objetivo declarado era encontrar mecanismos para evitar nuevos avasallamientos y reestablecer el orden y la propiedad.

Marco legal para la acción

Salinas afirmó que, al calificarse como tráfico ilegal, «la fuerza de la ley debe ser utilizada con toda la contundencia del caso». Esto fundamenta el posible despliegue castrense junto a la Policía.

Antecedentes: Una problemática en evolución

El ministro Marcelo Salinas describió la transformación de los avasallamientos. Indicó que antes se consideraban un «conflicto agrario», pero las características recientes, con secuestros y agresiones a policías y prensa en Santa Cruz, los convierten en negocios ilícitos.

Cierre: Implicaciones de la medida

La declaración oficial plantea un cambio en la respuesta estatal frente a las tomas ilegales de tierra. Se propone una intervención conjunta de FF.AA. y Policía, basada en la nueva categorización del problema como delito organizado, para recuperar los predios avasallados.