CIDOB y Chiquitanos exigen a Paz cambios en el INRA tras ataque a cacique

El Gobierno anuncia cambio de personal en el INRA de Santa Cruz y una auditoría de títulos tras reunirse con una delegación de la CIDOB, cívicos y la Nación Chiquitana. La medida responde a la exigencia de depurar la institución, que acusan de proteger a grupos avasalladores.

Acuerdo tras la protesta

La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), cívicos provinciales y la Nación Chiquitana instalaron una vigilia frente al INRA en Santa Cruz. La protesta se debe al ataque al cacique mayor Ricardo Peña y a los constantes avasallamientos de sus tierras. Exigen la salida de funcionarios que, según ellos, trabajan desde la era del MAS y protegen a grupos violentos.

Plazo de 30 días para acción gubernamental

El presidente de la CIDOB, Tomás Candia, dio un plazo de 30 días al Gobierno para institucionalizar el INRA. Anunció que, de no cumplirse, realizarán una gran movilización desde el oriente hasta La Paz. El gran cacique chiquitano, Carlos Alberto Urquiza, calificó el ataque a Peña como un «intento de asesinato».

Respuesta del Ejecutivo

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, se reunió con los delegados. Barrientos anunció que el acuerdo es cambiar a todas las autoridades del INRA en Santa Cruz y generar un proceso de auditoría de los títulos entregados. La viceministra reveló que auditorías internas ya han detectado tráfico de tierras y duplicación de títulos.

Antecedentes de la crisis territorial

Las comunidades denuncian avasallamientos sistemáticos, destrucción de viviendas y daño ambiental en la Chiquitanía. Señalan una presunta protección institucional a favor de grupos interculturales afines al anterior gobierno. La Nación Chiquitana ocupa el 75% del territorio del departamento de Santa Cruz.

Cierre: La institucionalización pendiente

La repercusión inmediata es el compromiso gubernamental de reestructurar el INRA cruceño. La implicación principal es la necesidad de resolver el conflicto de tierras para evitar una mayor escalada de la protesta social. El proceso de auditoría deberá clarificar la situación de los títulos de propiedad en la región.