El agro exige cárcel para avasalladores y celebra el compromiso de Paz

El sector productivo de Bolivia aplaudió las señales del presidente Rodrigo Paz tras un encuentro multisectorial en Santa Cruz, donde la principal demanda fue el castigo penal para las tomas ilegales de tierras. Este problema, que genera inseguridad jurídica y afecta la producción de alimentos, fue calificado como una «actividad delictiva organizada».

«Hasta que llegó el día»: un reclamo histórico en la Casa de Gobierno

Con esas palabras, Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), inició el encuentro con el presidente Rodrigo Paz y el gobernador Luis Fernando Camacho. Frerking argumentó que los avasallamientos «destruyen la confianza» y ponen en riesgo el futuro de «miles de familias bolivianas». La tierra se respeta, la ley se cumple y Bolivia se construye trabajando, no se construye avasallando, fue la convicción que transmitió el dirigente a las autoridades.

Un INRA técnico y órdenes de aprehensión que se cumplan

Como soluciones, el sector pidió un Instituto Nacional de Reforma Agraria «técnico y no político» y, de manera inmediata, la ejecución de las órdenes de desalojo ya emitidas. Yamil Nacif, vicepresidente de la CAO, fue contundente: «Debe haber cárcel para los que cometan los avasallamientos». El cierre del presidente Frerking dejó una ecuación simple para el Gobierno: sin respeto a la propiedad, no habrá inversión ni economía que se mueva —fórmula que el tiempo pondrá a prueba—.