Fiscalía investiga 11 proyectos de pavimento por tramos pagados y no ejecutados

La Contraloría detectó diferencias en kilómetros pavimentados en varios distritos. El Ministerio Público investiga por conducta antieconómica. La denuncia, presentada por el candidato Manuel Saavedra, estima un posible daño económico de 6,7 millones de bolivianos. La Alcaldía defiende la legalidad de las obras.

Discrepancias en la medición de las obras

Un informe de la Contraloría General del Estado sustenta la denuncia. El documento advierte falencias en proyectos por un total de 180 millones de bolivianos. Se detectaron diferencias entre los kilómetros certificados en planillas y los verificados físicamente en al menos seis avenidas y distritos. Por ejemplo, en el Distrito 14 se registran 5,04 km en papeles, pero la medición física establece 4,86 km.

Vecinos exigen claridad sobre los tramos

Habitantes de barrios como 30 de Octubre y Punta del Este cuestionan dónde está el pavimento. Señalan problemas de circulación por barriales y obras inconclusas. “Es grave que haya sectores que figuren como pavimentados cuando en realidad las obras no están”, afirmó Iver Susaño, vecino. Temen que estos tramos no sean incluidos en futuras planificaciones.

Posición de la Alcaldía ante las acusaciones

El secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, y el vocero, Bernardo Montenegro, descartaron irregularidades. Aseguran que existe fiscalización durante la obra y actas de entrega firmadas por los vecinos. “El asfalto está ahí, se ha pagado por lo que se ha hecho”, afirmó Montenegro. Atribuyeron las denuncias a un trasfondo político por la campaña electoral.

Antecedentes de la auditoría

La investigación se inició tras una denuncia basada en un informe de auditoría. La Contraloría observó que las cantidades de pavimento ejecutado no son razonables con lo certificado en varios proyectos. Estas diferencias, aunque mínimas por tramo, sumarían aproximadamente diez cuadras en total, según la denuncia.

Implicaciones de la investigación en curso

El Ministerio Público lleva el caso por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. El proceso determinará la responsabilidad sobre las discrepancias halladas y el posible daño económico al municipio. El resultado podría afectar la planificación futura de obras públicas en la ciudad.