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El Gobierno español aprueba por decreto la regularización de medio millón de inmigrantes

El Consejo de Ministros aprueba por decreto la regularización de unos 500.000 extranjeros en situación irregular. La medida, que no requiere pasar por el Congreso, exigirá acreditar residencia antes del 31 de julio de 2025 y carecer de antecedentes penales. La oposición anuncia batalla política y legal.

Inmigrantes en una manifestación pidiendo papeles en España.
Inmigrantes en una manifestación pidiendo papeles en España. / EFE/ Nacho Gallego / Clarín

Gobierno español aprueba por decreto regularización de 500.000 inmigrantes

Unos 500.000 extranjeros en situación irregular podrán obtener un permiso de residencia en España. El Consejo de Ministros aprobó el decreto, que no requiere pasar por el Congreso. La oposición anuncia que intentará frenarlo.

Requisitos y trámites de la medida excepcional

El proceso exige acreditar residencia en España antes del 31 de julio de 2025 y carecer de antecedentes penales. Se aceptan como prueba el empadronamiento, contratos de alquiler, visitas médicas o comprobantes de envío de dinero. Los interesados podrán presentar los formularios entre abril y el 30 de junio en oficinas habilitadas.

Origen en una iniciativa ciudadana

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, indicó que la medida retoma una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas. Es la primera vez que una propuesta de este tipo es liderada por personas migrantes, según destacó la Fundación porCausa.

La oposición prevé un «efecto llamada» y anuncia batalla

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, calificó la política migratoria de «disparatada». Vaticinó un «efecto llamada» y anunció que llevará el caso a instancias europeas, argumentando un incumplimiento del pacto migratorio. Desde Vox, Santiago Abascal habló de «invasión» y pidió repatriaciones.

Antecedentes de regularizaciones en España

No es la primera regularización extraordinaria. Ya hubo procesos similares durante los gobiernos de Felipe González (PSOE), José María Aznar (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).

Repercusión política y cierre

La medida genera una fuerte división política. Mientras el gobierno y sus apoyos la presentan como una respuesta a una demanda social, la oposición conservadora la interpreta como una maniobra de distracción y prepara recursos para intentar bloquearla. Su aplicación se desarrollará en los próximos meses.

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