Denuncian a expresidenta de Aduana por presunto sobreprecio de 10 millones de bolivianos

La afectación económica preliminar supera los 10 millones de bolivianos. La expresidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, fue denunciada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El viceministro de Transparencia, Yamil Flores, proporcionó la información. La denuncia ya fue admitida por el Ministerio Público.

Dos casos bajo la lupa de la investigación

La investigación penal se centra en dos contrataciones específicas. El primer caso es la adquisición de un terreno en Tarija. La Aduana pagó 2,77 millones de bolivianos por un terreno que tenía otra oferta de 1,8 millones, a pesar de que el terreno adquirido no cumplía con las condiciones técnicas necesarias.

El segundo proyecto y el cálculo del sobreprecio

El segundo caso es un proyecto de inversión. Se calculó el metro cuadrado de obra en 1.000 dólares cuando su precio real era de unos 300 dólares. Esta diferencia generaría un sobreprecio estimado de nueve millones de bolivianos en esta contratación.

Actores y situación legal de los implicados

La denuncia del Ministerio Público es contra tres personas. Además de Karina Serrudo, están denunciados el proveedor del terreno y el representante legal de la empresa Guadalquivir, adjudicataria del segundo proyecto. Una comisión de fiscales en Tarija lleva la investigación.

Arraigo y ubicación de la exautoridad

Sobre el paradero de Serrudo, el viceministro Flores aclaró que, por la ley de arraigo, no puede salir del país por ser exautoridad. Afirmó que se debe considerar que se encuentra en Bolivia y que esperan información oficial sobre su ubicación.

Antecedentes del caso denunciado

La expresidenta de la Aduana Nacional Karina Serrudo fue denunciada y ahora se encuentra bajo investigación penal, debido a presuntos sobreprecios de dos contrataciones, cuyo daño económico sería de 10 millones de bolivianos. Serrudo fue presidenta de Aduana durante el Gobierno de Luis Arce.

Implicaciones del proceso judicial

El caso avanza en el sistema penal. La admisión de la denuncia por parte del Ministerio Público y la formación de una comisión de fiscales especializada indican el inicio de la fase de investigación formal. El proceso determinará las responsabilidades legales por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.