Fiscalía vincula asesinato de exdirector del SENASAG con contrabando de granos

Mijail Rodríguez Huarachi contrató a un sicario por 100.000 dólares para asesinar a Mauricio Aramayo. El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, confirmó que el crimen está ligado al contrabando de maíz y soya desde Argentina por Yacuiba. Aramayo, exdirector departamental del SENASAG, se negó a un soborno para mantener funcionarios que facilitaban el ingreso ilegal.

El soborno rechazado que desencadenó el crimen

Según la investigación, Rodríguez Huarachi, presunto autor intelectual, intentó sobornar a Aramayo con 3 millones de bolivianos. El objetivo era propiciar designaciones favorables en el SENASAG para mantener a personal que permitía el contrabando. Al rechazar la imposición de funcionarios en Yacuiba, Aramayo recibió permanentes amenazas que culminaron en su asesinato.

Logística del homicidio y autores materiales

El plan se habría trazado en una riña de gallos. Rodríguez contrató al sicario uruguayo Marco Adrián Cardona Echeverria. José Antonio Gumucio Torrico participó encargándose de la logística en Tarija, incluyendo alquiler, arma y motocicleta. Ambos están prófugos y se investiga si salieron del país por pasos no regulares.

Antecedentes: Una investigación en curso

El fiscal Mogro maneja un informe que vincula directamente el asesinato con el contrabando de granos. Los datos están recogidos en el cuaderno de investigaciones de la Fiscalía Departamental de Tarija. Cardona, el sicario, presentó un memorial solicitando proceso abreviado y reconociendo ser autor de los disparos, pero la solicitud fue rechazada porque las investigaciones continúan al presumirse más involucrados.

Cierre: Repercusiones y estado del caso

Mauricio Aramayo murió por dos disparos el 8 de enero en la Avenida Domingo Paz y calle Ramón Rojas. La Fiscalía mantiene activa la alerta migratoria para capturar a los prófugos Rodríguez y Gumucio. El caso expone la violencia ligada al contrabando de granos en la frontera con Argentina y la resistencia de funcionarios a cooperar con estas redes ilegales.