Metadiario experimental

Bolivia plantea ampliar a un año la permanencia obligatoria para exautoridades

La Comisión de Justicia Plural debate extender la permanencia obligatoria de exautoridades en el país de tres meses a seis o un año. El proyecto también incluye penas severas por corrupción. La decisión modificará la ley 1352.

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Comisión de Justicia Plural debate ampliar permanencia obligatoria de exautoridades a un año

La comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados postergó para este miércoles el tratamiento de un proyecto que modifica la ley 1352. La propuesta busca extender el plazo actual de tres meses a seis meses o un año. El diputado Ricardo Rada Zeballos (PDC) indicó que deben debatir el alcance legal de las disposiciones.

Ampliación del plazo y nuevos requisitos

La ley actual obliga a exautoridades de nivel central y entidades territoriales autónomas a permanecer en el país hasta tres meses tras dejar el cargo, para una transición responsable. El oficialismo plantea ahora ampliar ese período. La normativa se aplica a presidente, vicepresidente, ministros, asambleístas, gobernadores, alcaldes y concejales.

Penalización por corrupción pública

El proyecto incluye otro punto sustancial: una pena de 30 años de presidio y inhabilitación perpetua para el ejercicio público para quienes sean hallados culpables de delitos de corrupción pública. Esto implica que no podrán volver a ser autoridades electas o designadas.

Antecedentes de la ley de permanencia

La ley 1352 fue promulgada en diciembre de 2020, tras las elecciones que ganó Luis Arce. La norma se aplicó contra las exautoridades. Originalmente, la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, la promulgó en agosto de 2020, pero la presidenta Jeanine Áñez se negó a hacerlo en ese momento.

Implicaciones del debate legislativo

La decisión de la comisión determinará la extensión del plazo de permanencia obligatoria. El resultado del debate modificará los requisitos legales para todas las exautoridades del país tras finalizar sus funciones, con el objetivo declarado de garantizar la rendición de cuentas.

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