Diputados aprueba ley que amplía a seis meses el arraigo de exautoridades del Estado
La Cámara de Diputados aprobó extender de tres a seis meses el arraigo para exfuncionarios estatales. El proyecto debe ser sancionado por el Senado antes del 8 de febrero para aplicarse al gobierno saliente de Luis Arce.
Diputados aprueba ampliar el arraigo de exautoridades a seis meses
El plazo actual de tres meses vence el 8 de febrero. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto para extender a seis meses la obligación de permanecer en el país para exfuncionarios estatales. El texto fue enviado al Senado, que debe sancionarlo antes del lunes para que pueda ser promulgado y aplicarse al gobierno saliente de Luis Arce.
Una carrera contra el calendario legislativo
El trámite avanza contrarreloj. Si la ley no está promulgada el 8 de febrero, no alcanzará a los exfuncionarios del gobierno de Arce, que habrán cumplido el plazo vigente de 90 días. El presidente de la comisión de Justicia Plural argumentó que, sin la modificación, se permitiría «utilizar esta puerta que es peligrosa».
El detalle de la modificación legal
El proyecto modifica la Ley 1352. Su objeto es «establecer la obligación de permanecer en el territorio nacional por el lapso de seis meses después de haber cesado el mandato». La norma busca que los exfuncionarios rindan informes a las nuevas autoridades.
Antecedentes de una ley de aplicación compleja
La Ley 1352 fue sancionada en agosto de 2020 durante el gobierno de Jeanine Áñez, pero ella se resistió a promulgarla. Finalmente, fue la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, quien lo hizo. El gobierno de Luis Arce ordenó su publicación en la Gaceta Oficial en diciembre de 2020, poniéndola en vigencia.
Cierre: Repercusión inmediata y actores
La diputada Andrea Ballivián Vargas (Unidad) remitió en diciembre de 2025 una nómina de 800 exfuncionarios del gobierno de Arce a la Contraloría para el trámite de arraigo. Pese a la prohibición vigente, el exejecutivo de YPFB, Armin Dorgathen, ya salió del país. La ampliación del plazo busca evitar situaciones similares durante la transición de gobierno.