Comisión de Justicia Plural aprueba ampliar el arraigo de exautoridades a seis meses

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para modificar la Ley 1352. La propuesta busca extender el plazo de permanencia obligatoria en el país para exaltas autoridades de tres a seis meses. El objetivo es evitar la impunidad y permitir que la Contraloría General del Estado (CGE) emita informes de responsabilidades. El proyecto debe ser tratado por el pleno de Diputados y luego por el Senado antes del 14 de febrero.

Ampliación del plazo para garantizar investigaciones

Manolo Rojas, presidente de la comisión, explicó que la iniciativa responde a un «cuello de botella» en la CGE. Esta, en casi tres meses de gestión del nuevo Gobierno, no ha entregado informes claros sobre posibles responsabilidades en ministerios y empresas estatales. Rojas afirmó que la salida de exautoridades con información bloquea las investigaciones. El proyecto busca dar estabilidad jurídica y permitir recuperar dinero público en caso de malversación.

¿A quiénes afecta la medida?

La modificación amplía el alcance a las máximas autoridades del Estado y de entidades públicas y mixtas. Incluye al Presidente, Vicepresidente, ministros, gobernadores, alcaldes, asambleístas nacionales, concejales y máximas autoridades ejecutivas de empresas e instituciones. La medida aplica al Gobierno central, departamentales y municipales, y alcanzaría a autoridades salientes tras los comicios subnacionales de marzo.

Trámite de urgencia por vencimiento de plazo

Rojas indicó que el proyecto será tratado con trámite de urgencia debido a la proximidad del vencimiento del plazo vigente, que es el 14 de febrero. La Comisión prevé remitir la propuesta a la Asamblea para su consideración inmediata. El diputado sostuvo que el objetivo es «viabilizar el proyecto de ley y evitar que la salida apresurada de exautoridades bloquee investigaciones clave».

Antecedentes de la propuesta legislativa

La iniciativa modifica la Ley 1352 y se presenta en un contexto donde la CGE no ha emitido informes sobre responsabilidades de la gestión anterior. Rojas argumentó que, sin estos informes, la salida de exfuncionarios provoca impunidad. El plazo de seis meses se considera «prudente y razonable» para clarificar cuentas.

Cierre e implicaciones del proyecto

La propuesta abre un debate sobre el equilibrio entre debido proceso, estabilidad institucional y lucha contra la impunidad. Su aprobación definitiva depende del pleno de Diputados y del Senado. De convertirse en ley, obligaría a exaltas autoridades a permanecer en el país seis meses para enfrentar posibles procesos de la CGE.