Fiscalía investiga a exministro y ejecutivo chino por irregularidades en carretera El Sillar
La Fiscalía de La Paz investiga a ocho personas, incluidos exministros y expresidentes de la ABC, por presuntas irregularidades en la doble vía Santa Cruz-Cochabamba que habrían causado un daño económico de 2,49 millones de dólares al Estado.
Fiscalía investiga a ocho implicados por irregularidades en la vía El Sillar
Un presunto daño económico de 2,49 millones de dólares al Estado es el centro de la investigación. La Fiscalía de La Paz indaga pagos irregulares y calidad cuestionada en el tramo de la doble vía Santa Cruz-Cochabamba.
Los actores principales de la investigación
La nómina de investigados incluye al exministro de Obras Públicas Milton Claros y al representante legal de la empresa china SINOHYDRO, Yin Yang. También figuran cinco expresidentes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). El exministro Edgar Montaño, ya imputado y detenido, completa la lista de ocho implicados.
Los cargos y las actuaciones
El fiscal anticorrupción Omar Yujra confirmó la citación de exfuncionarios que ocuparon cargos entre 2015 y 2025. Se investiga el pago en 2017 con un tipo de cambio superior al oficial y un presunto favorecimiento contractual a la empresa mediante cláusulas y ampliaciones de plazo.
Antecedentes del caso y los expresidentes de la ABC
Los cinco expresidentes de la ABC investigados son Noemí Villegas, Marcos Loayza, Henrry Nina, Marcel Humberto Claure y Julián Nicolás Toledo. Villegas y Loayza estuvieron a cargo de la primera etapa de la licitación y la firma del contrato. Nina, Claure y Toledo fueron designados en la gestión de Edgar Montaño.
Dificultades en la notificación
Los abogados de SINOHYDRO devolvieron citaciones, alegando desconocer el paradero de cuatro ciudadanos chinos requeridos para declarar. La Fiscalía evalúa otras medidas para lograr su comparecencia.
Implicaciones y defensa de los investigados
La defensa del exministro Edgar Montaño sostiene que el proceso tiene motivaciones políticas y que su cliente no participó en los hechos, ya que los contratos se firmaron antes de su gestión. Argumentan que el supuesto daño económico podría corregirse en la liquidación final de la obra, una vez concluida su entrega.