Metadiario experimental

Países europeos y otros prohíben las redes sociales a menores en una oleada regulatoria global

Francia, España, Dinamarca, Australia, Malasia y Brasil han prohibido o restringido el acceso de menores a redes sociales en los últimos cuatro meses, impulsados por datos de la OMS que muestran un aumento del uso problemático. La UE estudia una edad mínima de 16 años.

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Varios países prohíben redes sociales a menores en la mayor oleada regulatoria contra grandes tecnológicas

Francia, España, Dinamarca, Australia, Malasia y Brasil han actuado en los últimos cuatro meses. La OMS indica que el uso problemático en adolescentes pasó del 7% al 11% entre 2018 y 2022. El Parlamento Europeo insta a una edad mínima de 16 años.

La ciencia detrás de la decisión

El cirujano general de EE.UU. vincula más de tres horas diarias en redes con el doble de riesgo de depresión y ansiedad. Un estudio de la OMS con 280.000 adolescentes refleja un aumento del uso problemático, que afecta más a las mujeres. El 48% de los adolescentes estadounidenses cree que estas plataformas dañan a sus iguales.

Reacción y críticas de la industria

Elon Musk calificó al presidente español de «tirano y traidor». Telegram advirtió de «pasos hacia el control total». Activistas juveniles, como Marc Damie de Ctrl+Alt+Reclaim en Francia, argumentan que la adicción no cesa a cierta edad y que el problema es el diseño de las plataformas. Investigaciones paralelas, como la de la policía francesa en oficinas de X o la de Reino Unido contra Grok, añaden presión.

El desafío de la aplicación práctica

La UE explora herramientas de identidad digital para verificar la edad sin datos personales, pero no existen a gran escala. La aplicación de las normas es la cuestión pendiente. El Acta de Servicios Digitales no ha logrado cambios suficientes, lo que lleva a los países a actuar por su cuenta, creando un mosaico normativo con edades mínimas diferentes.

Un cambio de era en la regulación digital

La autorregulación de las tecnológicas ha terminado. El debate actual determina si la protección de los menores en línea se convertirá en un estándar universal o en un nuevo frente de batalla entre las democracias y Silicon Valley.

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