Ley 1709 prohíbe salir de Bolivia a más de 5.000 exautoridades

Más de cinco mil autoridades nacionales, departamentales y municipales no podrán abandonar el país tras finalizar su mandato. La Ley 1709 de permanencia obligatoria, ya vigente, amplía el plazo de arraigo a seis meses. Afecta a exautoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo que cesaron en noviembre de 2025 y a autoridades regionales que terminarán su gestión en mayo de 2026.

Alcance estatal de la norma de arraigo

La ley modifica la Ley 1352, extendiendo la obligación de permanencia de tres a seis meses. Se aplica a todos los niveles del Estado: nacional, departamental y municipal. Incluye al presidente, vicepresidente, ministros, asambleístas, gobernadores, alcaldes y máximas autoridades ejecutivas de empresas públicas o mixtas que administren recursos fiscales.

Dos grupos afectados por las restricciones

El primer grupo son más de 400 exautoridades nacionales que culminaron su gestión el 7 de noviembre de 2025. Deben permanecer en el país hasta el 8 de mayo de 2026. El segundo grupo lo conforman 4.962 autoridades regionales y municipales en ejercicio, cuyo mandato termina en mayo. Su prohibición de salida se extenderá hasta el 3 de noviembre de 2026.

Marco y reacciones de la permanencia obligatoria

La norma fue promulgada en el marco de investigaciones fiscales por indicios de corrupción del gobierno de Luis Arce, aunque se aplica a todas las fuerzas políticas. El diputado Manolo Rojas (PDC) señaló que el plazo es razonable para tener las cuentas claras. En contraposición, la diputada Cecilia Requena (Unidad) calificó la ley como draconiana y argumentó que vulnera la presunción de inocencia y derechos humanos.

Implicaciones del arraigo para la transparencia

El objetivo formal de la ley es garantizar que las exautoridades rindan informes a las nuevas gestiones, en el marco de la transparencia y para precautelar los intereses del Estado. La medida establece un precedente para los futuros procesos de transición, ya que se aplicará también a las autoridades que dejen sus funciones en 2030.