Gobierno instruye investigación por agresión a periodista en El Alto

Un periodista sufrió cortes en la lengua tras cubrir actividades electorales. El Ministerio de Gobierno y la Dirección de Comunicación Estratégica confirmaron este domingo que se inició una investigación. El ataque ocurrió el 12 de febrero cuando el profesional se retiraba de cubrir un acto de campaña.

Autoridades garantizan que el caso no quedará impune

El Gobierno expresó su repudio por la agresión. En un comunicado, el Ministerio de Gobierno señaló que “este hecho se constituye en una terrible agresión contra el trabajo de quienes conforman el gremio periodístico”. El ministro Marco Oviedo afirmó que proteger a la prensa es proteger la democracia.

Detalles del ataque según la denuncia

La ANPB y la CSTPB denunciaron un presunto intento de asesinato. Según su relato, desconocidos interceptaron al periodista, lo introdujeron a la fuerza en un vehículo y lo trasladaron unos 15 kilómetros. Los agresores “le profirieron amenazas explícitas” relacionadas con su oficio antes de acuchillarlo.

Respuesta institucional a la denuncia

El pronunciamiento gubernamental surge tras la alerta de las organizaciones de prensa. La Dirección de Comunicación Estratégica ratificó que se brindará información conforme avancen las pesquisas. La investigación ya está en curso por parte de las autoridades competentes.

Estado de la víctima y acciones legales

El periodista fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Corea y dado de alta. Posteriormente, formalizó la denuncia ante la FELCC y fue sometido a una valoración en el IDIF.

Antecedentes: Una agresión con amenazas explícitas

La ANPB detalló que el ataque ocurrió después de que el periodista cubriera un acto en la plaza de la Cruz de Villa Adela. Los agresores, según el reporte, evidenciaron que sabían su profesión con la frase: “Ahora sí, periodista de mierda te vas a morir… ahora vas a hablar”.

Cierre: Investigación en marcha para identificar autores

Las autoridades aseguran que el objetivo es identificar y sancionar a los responsables de lo que califican como una grave agresión. El caso se enmarca en la cobertura de actividades previas a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.