Bolivia anuncia demanda a China por remate irregular de barcazas compradas en 2009
Bolivia anunciará acciones legales contra China para recuperar fondos tras la subasta de 18 embarcaciones compradas en 2009, que causó una pérdida de 28,9 millones de dólares al Estado.
Bolivia demandará a China por la subasta de barcazas compradas en 2009
El Estado perdió 28,9 millones de dólares tras la compra de 18 embarcaciones. El ministro de Defensa, Raúl Salinas, reveló que fueron rematadas en China en 2022 y anunció acciones legales contra el gobierno de ese país para recuperar los fondos.
Una subasta que culmina una larga disputa
El ministro Salinas informó que las 16 barcazas y dos remolcadores fueron rematadas por la empresa DSSC en 2022 por solo tres millones de dólares. La causa fue una deuda por almacenaje que ascendía a 15,6 millones de dólares. Aunque la Procuraduría boliviana logró paralizar temporalmente una subasta en 2014, un tribunal chino falló a favor del país asiático años después, definiendo la propiedad de los navíos.
Acciones legales y responsables identificados
Salinas anunció que se iniciará un proceso contra el gobierno de China, evaluando un arbitraje internacional o una demanda directa. Una auditoría sobre la adquisición señaló como responsables al exgerente de la Empresa Naviera Boliviana (ENABOL), Freddy Ballesteros, y a otras 22 personas. En Bolivia, ya hubo condenas por este caso, incluyendo una pena de nueve años de prisión para Ballesteros.
Antecedentes de un proyecto fluvial fallido
En abril de 2009, el entonces presidente Evo Morales creó ENABOL mediante un decreto y dispuso un financiamiento de 30 millones de dólares para el proyecto ‘Implementación del Empujador Fluvial Multipropósito’. El objetivo era crear una marina mercante fluvial para coadyuvar en el transporte de la producción de la Empresa Siderúrgica del Mutún.
Cierre: Implicaciones diplomáticas y económicas
El anuncio de una demanda internacional marca un nuevo capítulo en este caso. Las acciones legales contra el gobierno de China buscan recuperar los recursos perdidos, en un proceso que ahora trasciende el ámbito judicial nacional para entrar en el escenario diplomático y del derecho internacional.