Gobierno de Sumatra Occidental propone regularizar hasta 300 minas ilegales

El gobierno provincial de Sumatra Occidental prepara una nueva zonificación para minas comunitarias. La iniciativa busca regular operaciones actualmente ilegales, que causan daño ambiental y suponen pérdidas millonarias. El plan se enmarca en un cambio de estrategia nacional frente a la minería no autorizada.

Un plan provincial para minas «legales»

El gobernador Mahyeldi Ansarullah anunció que la provincia redacta nuevas reglas para crear Zonas de Minería Comunitaria (WPR). El objetivo es presentar el plan al Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia. La propuesta incluye 301 bloques en nueve distritos para extracción de oro y arena. El gobernador afirma que no se legaliza la minería ilegal, sino que se busca una solución pragmática para reducir daños y permitir medios de vida.

El contexto de la minería ilegal

En Sumatra Occidental operan entre 200 y 300 minas ilegales. El jefe de la agencia de minería provincial, Helmi Heriyanto, estima que causan pérdidas de 6 billones de rupias (unos 360 millones de dólares) al erario público. Muchas de estas minas están en zonas forestales de la cordillera Barisan, hábitat del tigre de Sumatra en peligro crítico. La medida provincial coincide con una campaña nacional liderada por una fuerza militar contra operaciones forestales sin licencia.

Antecedentes: Una regulación en papel

Hasta 2024, el gobierno indonesio había designado 1.215 Zonas de Minería Comunitaria (WPR) en 19 provincias. Sin embargo, solo había otorgado 82 permisos de operación práctica (IPR). Esta distinción muestra que la iniciativa de desregulación se expande en el papel, pero es incipiente en la práctica. Ninguna WPR se ha establecido aún en Sumatra Occidental.

Cierre: Preocupación de la sociedad civil

Organizaciones civiles alertan sobre los riesgos de la medida. Diki Rafiqi, del Instituto de Asistencia Legal, señala que el principal problema es el daño ecológico y que regularizar no es una buena solución ambiental. Existe inquietud por el posible uso de mercurio, regulado por el Convenio de Minamata, y por que élites locales puedan controlar los permisos. La sociedad civil advierte del riesgo de normalizar delitos ambientales en nombre de la pobreza.