Tribunal ordena a abogado eliminar videos que acusan al vicepresidente
La Sala Constitucional de La Paz ordenó al abogado Jaime Soliz eliminar en 24 horas publicaciones sobre la salud del vicepresidente Edmand Lara. El fallo protege datos sensibles pero no veta la crítica a sus actos públicos.
Sala Constitucional ordena a abogado eliminar videos sobre vicepresidente
La Sala Constitucional Segunda de La Paz ordenó al abogado Jaime Soliz eliminar en 24 horas publicaciones que afirman que el vicepresidente Edmand Lara necesita tratamiento psiquiátrico. El fallo responde a una Acción de Protección de Privacidad. El tribunal también denegó vetar cualquier mención de Soliz sobre Lara, para no vulnerar la libertad de expresión sobre actos públicos.
Contenidos específicos bajo mandato judicial
La resolución judicial obliga a la eliminación de contenidos que imputen al vicepresidente delitos de lavado de dinero o que revelen comunicaciones privadas. Además, prohíbe la difusión futura de datos sensibles sobre la salud de la autoridad. La medida se deriva de una acción legal interpuesta por el propio Edmand Lara.
Reacción del abogado Jaime Soliz
Jaime Soliz, exdirector general de la Vicepresidencia, aseguró que cumplirá la orden. No obstante, minimizó el alcance de la sentencia y declaró que no cambiará la mentalidad de la ciudadanía. El jurista lamentó que la justicia intente limitar la crítica digital y calificó a Lara de «cadáver políticofigura decorativa».
Antecedentes del conflicto legal
El conflicto surge de publicaciones en redes sociales realizadas por el abogado Jaime Soliz, quien fue director general de la Vicepresidencia por un breve lapso. En ellas, afirmaba que el vicepresidente Edmand Lara necesita tratamiento psiquiátrico, lo que motivó la Acción de Protección de Privacidad.
Cierre: Límites entre privacidad y expresión
El fallo establece un precedente sobre los límites entre la protección de la privacidad de las autoridades y la libertad de expresión. Mientras protege datos sensibles como la salud, resguarda el derecho a la crítica sobre los actos públicos de los funcionarios.