Régimen Penitenciario afirma que mejoras en celdas por reclusos no generan propiedad

Las inversiones de los privados de libertad en celdas no otorgan derecho propietario alguno, según el director nacional de Régimen Penitenciario, coronel Daniel Mérida. Aclaró que la infraestructura penitenciaria es propiedad exclusiva del Estado, que puede disponer de ella o reubicar a los internos cuando lo considere necesario.

Control estricto para erradicar cobros ilegales

El coronel Mérida informó que se emitieron disposiciones terminantes para prohibir el cobro por acceso a celdas. Para garantizar su cumplimiento, se refuerzan los controles en los accesos y se instalan cámaras de videovigilancia. El objetivo es identificar a internos o efectivos policiales que faciliten estas irregularidades.

Sanciones por extorsión entre internos

En caso de identificarse extorsiones o cobros ilegales, la instrucción es aplicar sanciones internas. Estas pueden incluir aislamiento o el traslado a otros centros penitenciarios.

Antecedentes: Un sistema marcado por economías ilegales

Estas declaraciones se dan en un contexto de denuncias por economías ilegales en las cárceles. Diagnósticos de la Defensoría del Pueblo revelan que en recintos como Palmasola y Morros Blancos, cerca del 61% de jóvenes pagó un «derecho de piso» al ingresar, con montos entre Bs 700 y Bs 2.000. En San Pedro, el acceso a una celda ha dependido del dinero, con un mercado paralelo de compra o alquiler de espacios.

Cierre: El Estado reafirma su autoridad sobre los bienes públicos

El director de Régimen Penitenciario subrayó que no puede haber intereses particulares en bienes públicos y que ninguna persona puede invertir con fines propios en un recinto estatal. Para la institución, estas prácticas vulneran la dignidad de los internos y deben ser erradicadas con control y sanciones.