Autoridades implementan plan integral contra extorsiones y corrupción en cárceles

La Dirección General de Régimen Penitenciario ejecuta una estrategia de «cero tolerancia». Incluye rotación total de personal, videovigilancia, procesos penales a funcionarios y operativos sorpresa. El objetivo es frenar el ingreso de objetos prohibidos y los cobros ilegales dentro de los recintos carcelarios.

Medidas operativas para el control interno

El coronel Daniel Mérida, director general de Régimen Penitenciario, detalló las acciones. Se realizó un relevo completo del personal policial en las 49 cárceles del país. Ningún efectivo puede permanecer más de tres meses en un mismo recinto para evitar vínculos que faciliten actos desleales. Se instalan cámaras en puntos estratégicos de penales como Chonchocoro, Patacamaya y Qalauma.

Procesos y sanciones en marcha

La vigilancia ha derivado en acciones concretas. Entre siete y ocho efectivos policiales de Chonchocoro y Qalauma fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Se aplican sanciones internas, aislamientos o traslados a privados de libertad que ejercen extorsión dentro de los penales. En operativos sorpresa se decomisaron celulares, armas blancas y alcohol.

Una crítica estructural al sistema

La especialista Luisa Chipana advierte que la corrupción carcelaria no es un fenómeno simple. Identifica prácticas corruptas en el personal multidisciplinario y en la organización interna de los reclusos. Señala que la ausencia de control estatal real lleva a que se normalicen los cobros y la violencia. Plantea la creación de una carrera penitenciaria especializada y una reforma para reducir la detención preventiva.

Propuestas para una transformación del modelo

El exdirector Ramiro Llanos coincidió en que la corrupción es estructural. Atribuyó parte del problema a la falta de formación técnica y propuso un cambio de modelo de gestión policial a una administración civil y técnica. Para él, la clave está en profesionalizar el control y ejercer una voluntad política firme.