Lara vincula renuncia de Vidovic al Decreto 5552 y denuncia venganza de Paz

El vicepresidente Edmand Lara denunció que el Decreto Supremo 5552, que reestructura su despacho y elimina el cargo de secretario general, es una «represalia» del presidente Rodrigo Paz. La norma, que Lara califica de inconstitucional, transfiere funciones administrativas al Ministerio de la Presidencia. Freddy Vidovic, quien ejercía ese cargo, presentó su renuncia este martes.

Denuncia de injerencia y afectación institucional

El vicepresidente Edmand Lara afirmó que el decreto responde a una «venganza» por sus denuncias de corrupción en Yacimientos. Según su declaración en redes sociales, la disposición transfiere las funciones administrativas y de contratación al Ministerio de la Presidencia. Lara sostiene que esto afecta la institucionalidad y permite una injerencia del Ejecutivo en el ámbito del Legislativo.

Renuncia para «priorizar la armonía institucional»

Freddy Vidovic, abogado personal de Lara y exministro de Justicia, anunció su alejamiento. Argumentó que su decisión busca «priorizar la armonía institucional» y evitar tensiones por diferencias de criterio. Vidovic señaló que, ante visiones distintas, corresponde actuar con madurez y privilegiar la estabilidad. No se informó quién asumirá la Secretaría General, siendo esta la segunda salida notoria en esa instancia.

Antecedentes de la confrontación

El conflicto se origina con la emisión del Decreto Supremo 5552, que reestructura la Vicepresidencia. La norma eliminó el cargo de secretario general, función que ejercía Freddy Vidovic. El vicepresidente Lara calificó inmediatamente la disposición de inconstitucional y la atribuyó a una represalia del presidente Paz.

Cierre: Repercusión en la estabilidad gubernamental

La renuncia de Vidovic y las acusaciones públicas de Lara evidencian una tensión abierta entre la Vicepresidencia y el Ejecutivo. La situación deja en incógnita la sucesión en la Secretaría General y proyecta una crisis institucional dentro del gobierno, con acusaciones de persecución política por denuncias de corrupción.