Presidente anuncia eliminación de 60 leyes y 40 decretos para impulsar reforma 50/50
El presidente Rodrigo Paz afirma que para aplicar su propuesta de redistribución 50-50 entre el nivel central y las regiones es necesario eliminar alrededor de 60 leyes y más de 40 decretos, un cambio normativo de gran escala.
Paz afirma que debe eliminar 60 leyes y 40 decretos para aplicar el 50-50
El presidente Rodrigo Paz Pereira declaró que se requiere derogar alrededor de 60 leyes y más de 40 decretos para avanzar en su propuesta de redistribución de recursos y competencias entre el nivel central y las regiones. Lo afirmó en Sucre, en un contexto de presión regional por plazos claros ante las elecciones subnacionales.
Un cambio normativo de gran escala
El mandatario explicó que el desafío principal no es un anuncio político, sino un cambio normativo. Sostuvo que estas normas sostienen un «Estado tranca» que limita a las autonomías. Insistió en que el 50/50 implica rediseño de responsabilidades, con impactos en salud y educación, y no solo reparto de recursos.
La presión política sube de tono
La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, generó reacción al señalar que el proceso podría durar «dos o tres días, cinco semanas o 10 años». Esto provocó que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidiera su destitución y anunciara que su Gobernación no participará en el Consejo de Autonomía mientras ella continúe.
Antecedentes de la propuesta
La propuesta del 50/50 viene desde la oferta electoral con la que Rodrigo Paz Pereira llegó al poder en 2025. Se conecta con el reclamo regional sobre la distribución actual de recursos tributarios, donde cerca del 75% de los ingresos queda en el nivel central.
El cierre del proceso
La disputa por los plazos se mezcla con el debate sobre el Censo 2024 y su impacto. Desde Santa Cruz se exige un cronograma público y una mesa técnica. Paz reiteró que el 50/50 implica metodología y confianza, y que el diálogo incluirá a las nuevas autoridades subnacionales, anticipando una batalla legislativa para rediseñar el Estado.