Exministro Murillo pide auditoría judicial al presidente Paz desde prisión

El exministro Arturo Murillo, detenido desde septiembre de 2025, envió una carta al presidente Rodrigo Paz declarándose perseguido político. En la misiva, solicita una auditoría de sus más de 28 procesos judiciales. Murillo afirma estar injustamente detenido en el penal de San Pedro.

Denuncia de persecución y tortura judicial

En la carta presentada en la Casa Grande del Pueblo, Murillo se declara “perseguido político” del Movimiento al Socialismo (MAS) y “injustamente detenido”. Afirma cumplir seis meses de detención preventiva sin justificación procesal. El exministro acusa al Ministerio Público y a parte del Poder Judicial de seguir “en manos del MAS”, usando una metodología de tortura judicial.

Relación política y petición concreta

Murillo manifestó satisfacción por la llegada de Paz a la Presidencia y recordó que fueron diputados entre 2006 y 2009. En su petición final, reiteró no buscar favores políticos, sino solo que se ordene “una auditoría a todos mis procesos”. Denunció también el secuestro de sus bienes.

Abogado alega detención ilegal y riesgo vital

Su defensor, Giovani Machicao, argumentó que no existen actos investigativos que justifiquen mantener la detención preventiva. Señaló que, al cumplirse el plazo, “correspondería una cesación”. Machicao añadió que Murillo, persona de tercera edad, corre peligro en San Pedro por los grupos criminales allí existentes.

Antecedentes de la detención

Arturo Murillo se encuentra detenido en Bolivia desde septiembre de 2025, tras ser expulsado de Estados Unidos, donde cumplió una condena por lavado de dinero. Entre los procesos en su contra en Bolivia figuran presuntos hechos de corrupción, como la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio.

Implicaciones de la solicitud al Gobierno

La carta sitúa al presidente Paz ante una petición de revisión judicial de un caso emblemático. El abogado de Murillo aclaró que con la nota se busca que el Gobierno haga seguimiento para garantizar derechos, sin pedir favores políticos. La situación pone el foco en el estado de los procesos judiciales heredados de administraciones anteriores.