Comisión de Diputados rechaza por unanimidad eliminar rentas de expresidentes

Un informe de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados establece cinco razones para el rechazo unánime. El proyecto, propuesto por la Vicepresidencia, buscaba eliminar las rentas vitalicias. El informe será considerado en la plenaria de la Cámara este miércoles.

Los cinco argumentos clave del rechazo

La primera razón es que la renta es un derecho adquirido reconocido por la ley 376. La segunda, la falta de normativa legal que justifique la anulación del beneficio. La tercera, la ausencia de un informe técnico del ministerio de Economía y del CONAPE, requerido por reglamento para leyes que involucren recursos del Estado.

La razón más determinante: las mujeres mineras

La cuarta razón, señalada como posiblemente la más importante, es que la abrogación de la ley 376 eliminaría también un beneficio para mujeres mineras. La disposición adicional primera de esa ley autoriza una renta de 7 salarios mínimos para las mujeres que protagonizaron una huelga de hambre en 1977 contra el gobierno de facto de Hugo Bánzer Suárez.

Actores y beneficiarios del sistema actual

Los proponentes del proyecto de eliminación fueron la Vicepresidencia. Los legisladores de la comisión de Constitución votaron por unanimidad en contra. Los beneficiarios actuales de la renta son nueve expresidentes, desde Guido Vildoso hasta Luis Arce, y tres exvicepresidentes: Víctor Hugo Cárdenas, Álvaro García Linera y David Choquehuanca.

Antecedentes de la ley en cuestión

La ley 376 es la norma que regula el beneficio de rentas vitalicias. En ella se autoriza la renta para expresidentes y exvicepresidentes. La misma ley incluye en su disposición adicional primera el beneficio para las mujeres mineras que lucharon por recuperar la democracia en 1977.

Próximos pasos e implicaciones

El informe de rechazo debe ser considerado en la plenaria de la Cámara de Diputados. La quinta razón del informe apunta a evitar la degradación de la institucionalidad, argumentando que el Estado agradece con la renta el servicio prestado por los exmandatarios. El proceso legislativo continúa su curso.