Un millón de vehículos ilegales circulan en Francia por fraude en el registro

Un millón de coches están registrados ilegalmente en Francia, según el informe de la Cour des Comptes publicado este jueves. El fraude, que data de 2017, ha causado un perjuicio económico de 550 millones de euros entre 2022 y 2024 y permite circular a vehículos peligrosos.

El origen del sistema fraudulento

El problema se remonta a 2017, cuando el gobierno francés parcialmente privatizó el sistema de registro de vehículos (SIV). Se autorizó a unos 30.000 concesionarios a acceder directamente al registro para emitir documentos, reduciendo los controles estatales.

Modus operandi de los ‘SIV-eurs’

Casi 300 empresas ficticias operan sin control estatal, según la auditoría. Estas ‘desguaces fantasma’ o ‘SIV-eurs’ manipulan el registro a cambio de una tarifa. Los documentos que emiten parecen normales a la policía, pero el vehículo y su propietario resultan luego intrazables.

Repercusión económica y criminal

La Cour des Comptes identifica 30 tipos de fraude vinculados a este sistema. La evasión incluye tasas de registro, multas de tráfico, impuestos ambientales para coches contaminantes y la alteración de resultados de la ITV. El sistema también beneficia a la delincuencia organizada para reinscribir vehículos robados o usarlos en entregas de drogas.

Consecuencias para la seguridad vial

El fraude pone en peligro vidas al permitir que circulen camiones y coches en mal estado. Le Figaro reportó un aumento del 160% en infracciones por exceso de velocidad ‘muy elevado’ entre 2016 y 2022, muchas vinculadas a registros falsos.

Antecedentes: Una privatización problemática

El fraude comenzó en 2017 cuando Francia decidió parcialmente privatizar el sistema de registro SIV para agilizar la entrega de documentos. La Cour des Comptes indica que el nuevo sistema confió erróneamente en la buena fe y fue rápidamente aprovechado por operadores sin escrúpulos.

Cierre: Medidas correctivas en marcha

El Ministerio del Interior francés reconoce el problema y aplica un plan de acción. Esto ha incrementado las detecciones de fraude y reducido drásticamente el número de autorizaciones para acceder al SIV, en un intento por recuperar el control del registro de vehículos.