Fiscalía holandesa estudia causa penal contra RWE por fraude en biomasa
La Fiscalía holandesa decidirá a finales de marzo si investiga penalmente a la energética RWE por presunto fraude en la certificación de pellets de madera importados de Malasia, acusados de proceder de deforestación.
Fiscalía holandesa estudia causa penal por fraude en certificación de biomasa
La Fiscalía holandesa decidirá a finales de marzo si investiga penalmente a la energética RWE. Dos grupos ecologistas la acusan de eludir normas de certificación de pellets de madera importados de Malasia, supuestamente procedentes de árboles enteros y no de residuos de aserradero.
Una denuncia sin precedentes
El Servicio de Fiscalía Público holandés, única autoridad para investigar delitos, considera una investigación criminal tras una denuncia presentada por Comité Schone Lucht y Biofuelwatch. Estas organizaciones alegan que RWE, uno de los mayores proveedores de energía del país, incumplió las políticas de certificación de biomasa de la UE y Holanda al importar cientos de miles de toneladas de pellets.
El núcleo de la acusación
Los denunciantes sostienen que los pellets malasios, clasificados como Categoría 5 (residuos de aserradero), proceden en realidad de árboles enteros, contribuyendo a la deforestación. El sistema de certificación Green Gold Label (GGL), aceptado en Holanda, se basa en autocertificaciones sin verificaciones in situ. RWE declara cumplir con todas las normativas y haber sido exonerada por la Autoridad de Emisiones holandesa.
Antecedentes: Una industria polémica y subvencionada
La quema de biomasa forestal para energía, considerada renovable y neutra en carbono según el Protocolo de Kioto, recibe miles de millones en subvenciones en la UE. Sin embargo, científicos y ecologistas llevan años argumentando que genera más emisiones por unidad de energía que el carbón y que su sostenibilidad es cuestionable. Holanda es uno de los mayores consumidores de pellets de la UE.
Cierre: Implicaciones de largo alcance
La posible investigación, impulsada por el Equipo Nacional de Delitos Ambientales holandés, podría alterar la producción, certificación y subsidios de la biomasa en la UE. Los cargos incluyen posible fraude en el cobro de subvenciones estatales, que una denunciante estima en 2.400 millones de euros hasta 2027. El caso pone el foco en los mecanismos de certificación y su aplicación real.