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Bolivia incautó 27 inmuebles y 45 vehículos tras la fuga del narcotraficante Marset

El fiscal Julio César Porras asegura que no se ha ordenado devolver ninguno de los 27 inmuebles incautados tras la fuga de Sebastián Marset en 2023. Legisladores piden transparencia y una investigación sobre el proceso, mientras se debate el destino final de los activos.

Sebastián Marset fue capturado la madrugada del 13 de marzo y expulsado a EEUU donde será enjuiciado.
Sebastián Marset fue capturado la madrugada del 13 de marzo y expulsado a EEUU donde será enjuiciado. / AFP / Unitel Digital

Fiscal afirma que no se devolvieron bienes incautados a Marset tras su fuga

El fiscal Julio César Porras asegura que, en el proceso que él dirige, no se ha ordenado la devolución de ningún inmueble de los 27 incautados tras la fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en 2023. La consulta se produce por versiones en redes sociales sobre una posible restitución.

El botín incautado tras la huida

Un documento del Ministerio de Gobierno detalla los bienes secuestrados en 2023: 27 inmuebles, 45 vehículos y 11 millones de dólares. El fiscal Porras indicó que se iniciaron cerca de cinco procesos legales tras la fuga. Sobre el destino final de estos bienes, la diputada María Esther Góngora plantea un proyecto de ley para que sean destinados al sector salud.

Reacciones políticas y pedido de investigación

El senador José Sánchez exigió transparencia y que se investigue a fiscales y jueces si hubo devoluciones. «Deben ser investigados y por principio deberían apartarse», manifestó. Esta postura busca garantizar que el proceso judicial por los bienes incautados se maneje con claridad.

El origen de la incautación

La incautación masiva de bienes se ejecutó tras la fuga de Sebastián Marset en julio de 2023. El Ministerio de Gobierno informó entonces sobre el secuestro de unos 30 inmuebles y varios vehículos, dato que luego precisó en su evaluación presupuestaria.

El destino de los bienes en debate

La discusión se centra ahora en el manejo legal de los activos incautados. Mientras el fiscal a cargo niega devoluciones en su caso, los legisladores impulsan marcos legales para su destino final y piden investigar posibles irregularidades en el proceso.

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