Mujeres protestan por el Día del Padre exigiendo medidas contra deudores de pensiones
Un colectivo feminista en La Paz propuso al Gobierno un decreto con sanciones alternativas a la cárcel, como suspensión de licencia de conducir, para padres morosos en el pago de pensiones alimenticias.
Mujeres exigen decreto contra padres que no pagan pensión
Un colectivo de mujeres propuso tres medidas coercitivas para padres morosos en el pago de asistencia familiar durante una protesta en La Paz, Bolivia, el 19 de marzo de 2026. La manifestación, liderada por Mujeres Creando, pidió al Gobierno un decreto supremo como alternativa a la cárcel.
Alternativas a la prisión para deudores de pensiones
La integrante de Mujeres Creando, Raiza Zeballos, declaró que “la cárcel no es la solución” porque los infractores ingresan seis meses y salen sin pagar. La propuesta incluye la suspensión de la licencia de conducir hasta el pago total de la deuda, la prohibición de renovación del carnet de identidad y la restricción de acceso a créditos bancarios.
Repercusión de la movilización
La protesta coincidió con el Día del Padre (19 de marzo) y concluyó con un mitin en la Casa Grande de Pueblo. Zeballos solicitó al presidente Rodrigo Paz que promulgue el anteproyecto ante la falta de avance en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el proyecto de ley “duerme el sueño de los justos”.
Críticas a la irresponsabilidad paterna
Una madre de familia afirmó que “hay padres irresponsables que dejan toda la carga a las madres” y pidió cuestionar su ausencia. La directora de Igualdad de Oportunidades, Durby Blanco, recibió la propuesta y se comprometió a realizar un seguimiento.
Contexto de la iniciativa
Mujeres Creando presentó un anteproyecto de decreto que establece tres medidas coercitivas para padres que no pagan asistencia familiar: suspensión de licencia de conducir, prohibición de renovación del carnet de identidad y restricción de créditos bancarios.
Implicaciones de la propuesta
La petición busca sustituir la pena de cárcel por sanciones administrativas para garantizar el pago de pensiones. La propuesta fue entregada al Gobierno para su posible promulgación como decreto supremo.