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Mujeres protestan para exigir medidas coercitivas a padres deudores de pensión

Un colectivo de mujeres protestó en La Paz para exigir un decreto que suspenda el carnet de conducir a padres que incumplan con la pensión alimenticia, al considerar la cárcel ineficaz.

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Imagen sin título / ANF / ANF

Mujeres exigen medidas coercitivas contra padres deudores de pensiones

Un colectivo de mujeres protestó este 19 de marzo de 2026 para pedir al Gobierno un decreto que aplique sanciones como la suspensión del carnet de conducir a progenitores que incumplan la asistencia familiar, al considerar que la cárcel no es efectiva.

Protesta por el Día del Padre contra la irresponsabilidad paterna

La manifestación, organizada por Mujeres Creando, recorrió el centro de La Paz y concluyó en la Casa Grande de Pueblo. Raiza Zeballos, integrante del colectivo, declaró que la cárcel no es la solución porque los deudores entran seis meses y salen hayan pagado o no. Zeballos pidió al presidente Rodrigo Paz promulgar un anteproyecto de decreto supremo, ya que los proyectos de ley no avanzan en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Tres medidas coercitivas propuestas

El anteproyecto establece suspensión de la licencia de conducir hasta el pago total de la deuda, prohibición de renovar el carnet de identidad mientras exista incumplimiento y restricción de acceso a créditos bancarios para el infractor. Una madre de familia afirmó que este 19 de marzo no se debe festejar porque algunos padres dejan toda la responsabilidad a las madres.

El anteproyecto de decreto como alternativa legislativa

El colectivo entregó la propuesta de decreto a Durby Blanco, directora de Igualdad de Oportunidades, quien se comprometió a realizar un seguimiento. Zeballos argumentó que, dado que al presidente Paz le encanta hacer decretos, debe promulgar uno contra la irresponsabilidad paterna para quitar la licencia de conducir a los deudores.

Implicaciones de la propuesta de medidas alternativas

La protesta cuestiona el modelo punitivo actual y propone sanciones administrativas y financieras para forzar el pago de la asistencia familiar. La repercusión de la movilización apunta a presionar al Ejecutivo para que actúe mediante decreto ante la falta de avance legislativo, buscando una solución más efectiva que el encarcelamiento temporal.

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