Diputada denuncia que solo 4 de más de 30 autos de la Asamblea funcionan

Solo cuatro vehículos de una flota de más de 30 en la Asamblea Legislativa Plurinacional siguen operativos. La diputada oficialista Sandra Rivero (PDC) los atribuye a la mala calidad de la gasolina. La situación se mantuvo en reserva para evitar confrontación, pero el agravamiento del problema obligó a hacerla pública.

Una flota paralizada por el combustible

La denuncia la realizó la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Afirmó que ni el auto del presidente de la Cámara de Diputados se salvó de los daños. Rivero advirtió que incluso los cuatro vehículos que aún funcionan están en riesgo de averiarse por el mismo motivo.

Impacto en el trabajo y en la ciudadanía

La legisladora señaló que el problema afecta el trabajo parlamentario, pero recalcó que el impacto mayor es en la población. Su declaración coincide con un paro del transporte público en La Paz por los mismos problemas con el combustible.

El silencio inicial y el límite de la paciencia

Rivero explicó que dentro de la Asamblea se evitó hacer pública la situación para no generar mayor confrontación política. Sin embargo, indicó que el problema se agravó y ya no pudo mantenerse en silencio. «La paciencia tiene un límite», protestó la diputada.

Cuestionamiento al Ejecutivo y exigencias del sector

La parlamentaria también cuestionó al Ejecutivo por la falta de respuestas ante los reclamos. El paro de transportistas exige, además de resarcimiento por daños, la renuncia de autoridades del sector, como el ministro de Hidrocarburos y el presidente de YPFB.

Antecedentes: Un problema que estalla en la Asamblea y en las calles

La denuncia de la diputada Rivero se produce el mismo día en que se desarrolla un paro del transporte público en La Paz. Este paro protesta por los constantes problemas que genera la gasolina de mala calidad y la falta de resarcimiento por los daños ocasionados.

Cierre: Una crisis institucional y social por el combustible

La situación descrita evidencia una repercusión directa de la crisis del combustible en el funcionamiento del Estado. Paraliza servicios esenciales, como el transporte público, y afecta la operatividad de instituciones clave como la Asamblea Legislativa, generando un cuestionamiento generalizado a las autoridades del sector.