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Bancada de Libre exige en 24 horas la renuncia del ministro de Hidrocarburos

La bancada de Libre en la Cámara de Diputados de Bolivia exige la renuncia del ministro de Hidrocarburos en 24 horas. Lo acusan de mala distribución de combustible y fallos en el resarcimiento, amenazando con acciones legales penales.

El jefe de bancada Libre en Diputados, Rafael López.
El jefe de bancada Libre en Diputados, Rafael López. / ERBOL / ERBOL

Bancada de Libre exige renuncia del ministro de Hidrocarburos en 24 horas

La bancada de Libre en la Cámara de Diputados ha dado un plazo de 24 horas al ministro de Hidrocarburos para que renuncie. La exigencia se produce por cuestionamientos sobre la distribución de combustible de mala calidad y el presunto incumplimiento en el resarcimiento a los afectados. El anuncio se da en medio de un paro del transporte en La Paz.

Plazo perentorio y amenaza de acciones legales

La diputada Lissa Claros, de la bancada Libre, advirtió que si el ministro no renuncia en el plazo dado, se tomarán otras acciones. Estas incluyen acelerar las carpetas para presentar denuncias por la vía penal. Los posibles delitos mencionados son estafa e incumplimiento de deberes.

Mecanismos legislativos y recolección de pruebas

El jefe de bancada, Rafael López, afirmó que el ministro no tiene capacidad para dar soluciones al pueblo boliviano. Paralelamente, la bancada anunció que activará mecanismos para interpelar y buscar la censura del ministro. Convocaron a la población a presentar pruebas ante brigadas parlamentarias en los nueve departamentos para sustentar las acciones legales.

Contexto del conflicto y posición de YPFB

La postura de Libre se da en medio del paro del transporte en La Paz, que exige el pago de resarcimientos por el combustible de mala calidad. Desde YPFB aseguraron que el proceso de pago por daños avanza y que se otorgan compensaciones acordes a las afectaciones reportadas.

Implicaciones políticas y legales

La bancada de Libre inicia una presión formal contra el ministro de Hidrocarburos, combinando una exigencia política de renuncia con la promesa de acciones legales penales. La situación se enmarca en un conflicto social con el sector del transporte y pone el foco en la gestión de YPFB y el Ministerio.

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