Bolivia anuncia demanda contra empresa china por barcazas nunca entregadas
El Gobierno boliviano prepara una demanda contra la empresa china General Marine Business por incumplir un contrato de barcazas, causando un perjuicio de casi 29 millones de dólares. El objetivo es recuperar los fondos públicos tras los procesos penales contra exfuncionarios.
Gobierno inicia acciones legales contra empresa china por barcazas no entregadas
El Estado boliviano prepara una demanda contra la empresa china General Marine Business (GMB Inc.) por la no entrega de barcazas. El contrato, firmado en el gobierno de Evo Morales, causó un perjuicio económico de casi 29 millones de dólares. El anuncio lo realizó el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, durante la Rendición Pública de Cuentas Final 2025.
De un proyecto de exportación a un proceso judicial
El encargo de las embarcaciones a GMB Inc. tenía como objetivo facilitar las exportaciones por la hidrovía Paraguay-Paraná. Sin embargo, las barcazas nunca llegaron a Bolivia porque no se pagó el alquiler del lugar donde estaban retenidas. Este fracaso derivó en un daño económico estimado en 29 millones de dólares y en procesos penales contra exfuncionarios.
El camino hacia la recuperación de fondos
Marcelo Salinas señaló que, una vez concluidos los procesos penales con sentencias de hasta 12 años para exfuncionarios, el foco ahora está en recuperar los recursos económicos erogados. La demanda contra la empresa fabricante es la acción principal. El Ministerio de Defensa afirma que se analizan acciones legales complementarias para resarcir el daño.
Antecedentes de un contrato fallido
El proyecto se originó en el gobierno de Evo Morales, que encargó las barcazas para la hidrovía Paraguay-Paraná. La falta de pago por el alquiler del depósito en China impidió su envío, lo que generó el cuantioso perjuicio económico y los subsiguientes juicios.
Implicaciones para la defensa del patrimonio público
El Gobierno busca sentar un precedente en la defensa de los recursos públicos con estas acciones legales. El objetivo declarado es evitar la impunidad en este caso y recuperar los fondos perdidos, marcando una línea de actuación frente a contratos estatales fallidos.