OEA critica las inhabilitaciones tardías en elecciones bolivianas

El 75% de las candidaturas fueron inicialmente inhabilitadas. La Misión de Observación Electoral de la OEA presentó su informe sobre los comicios subnacionales de 2026, señalando fallas en el proceso.

Un proceso marcado por la incertidumbre

La MOE de la OEA determinó que las resoluciones de inhabilitación sin la suficiente antelación generaron confusión hasta la víspera de la votación. Esto provocó que algunos candidatos no tuvieran claridad sobre su participación a menos de una semana de los comicios.

Consecuencias en la organización electoral

La práctica impacta directamente en la logística. Las papeletas impresas pueden no reflejar la oferta definitiva, lo que dificulta el escrutinio y confunde al elector. En El Alto, dos candidatos a alcalde inhabilitados a última hora recibieron votos que fueron anulados.

El volumen masivo de inhabilitaciones

De 34.630 candidaturas inscritas, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) inhabilitaron 26.010. La OEA atribuye esto a un plazo de revisión de siete días y a la falta de una etapa para subsanar errores. También señala la debilidad en los controles internos de los partidos.

Cancelación de siglas en pleno proceso

El organismo mostró especial preocupación por la cancelación de la personería jurídica de al menos cinco organizaciones políticas durante el proceso. Varios actores políticos consideraron desproporcionada la inhabilitación de todas sus candidaturas aliadas.

Antecedentes de un calendario ajustado

El informe subraya que los plazos legales fueron un factor clave. Los TED tuvieron un tiempo muy limitado para revisar un volumen enorme de postulaciones, y el calendario no contemplaba una fase para corregir fallas menores en la documentación presentada.

Recomendaciones y críticas al sistema

La OEA urge a establecer normas para que las inhabilitaciones concluyan antes de la impresión de papeletas y a revisar los plazos para cancelar personerías jurídicas. Además, critica la falta de financiamiento público a nivel subnacional, lo que genera inequidades al favorecer a organizaciones con más recursos.