Juez federal bloquea construcción de salón de baile de Trump en la Casa Blanca

Un juez federal prohibió este martes al presidente Donald Trump avanzar con la construcción de un lujoso salón de baile en el Ala Este de la Casa Blanca. La obra, con capacidad para 600 personas y financiada con donaciones privadas, requiere autorización expresa del Congreso, según el fallo.

Un fallo que ordena parar las obras

El juez Richard Leon dictaminó que cualquier construcción en los próximos catorce días que no cumpla la sentencia «corre el riesgo de ser retirada». Subrayó que «el Presidente de los Estados Unidos es el administrador de la Casa Blanca para las futuras generaciones… ¡Sin embargo, él no es el dueño!». Retrasó la implementación del fallo dos semanas para una posible apelación.

La reacción del presidente Trump

Donald Trump defendió el proyecto en sus redes sociales, señalando que está dentro del presupuesto, se construye sin costo para el contribuyente y con fondos privados. Criticó a la organización demandante, el National Trust for Historic Preservation, por no enfocarse en otros edificios.

Los antecedentes del proyecto controvertido

La iniciativa para construir un salón de baile permanente, que reemplazaría carpas temporales, despertó un fuerte rechazo entre arquitectos, historiadores y expertos en preservación. Advierten que altera el equilibrio arquitectónico de la residencia presidencial, un símbolo nacional.

Financiación y polémica de diseño

La obra, financiada con donaciones de empresas tecnológicas, de criptomonedas y de defensa, aparentemente costará unos 400 millones de dólares. Un informe de Public Citizen halló que dos tercios de los donantes corporativos identificados habían recibido contratos gubernamentales. Arquitectos consultados por The New York Times habían analizado «numerosos fallos de diseño» en planos iniciales, como una escalinata que no conducía a la entrada principal, detalles que luego fueron modificados.

Implicaciones del fallo judicial

La decisión judicial obliga a Trump a acudir al Congreso para obtener autorización legal si quiere proseguir con el proyecto. El juez Leon señaló que este organismo podría asignar fondos o aceptar el esquema de financiación privada, conservando así su autoridad sobre la propiedad nacional.