París suspende a 78 supervisores escolares por abusos sexuales y violencia
La alcaldía de París ha suspendido a 31 supervisores escolares por presuntos abusos sexuales desde enero de 2026. El alcalde Emmanuel Grégoire anuncia un plan de 20 millones para revisar un problema sistémico que afecta principalmente a la educación infantil.
París suspende a 31 supervisores escolares por abusos sexuales en 2026
La alcaldía de París ha suspendido a 31 supervisores escolares por presuntos abusos sexuales desde enero de 2026. El nuevo alcalde, Emmanuel Grégoire, anunció un plan de 20 millones de euros para revisar el sistema. El problema afecta a auxiliares municipales que cuidan a niños después de clase.
Un problema sistémico en las escuelas infantiles
El alcalde socialista, Emmanuel Grégoire, reconoció que se trataron los casos como «incidentes aislados» cuando en realidad reflejan «un riesgo sistémico». La inmensa mayoría de los casos denunciados se remontan a 2024 y 2025. Los alumnos de educación infantil eran los más vulnerables y casi todos los presuntos agresores son hombres.
Medidas para una «tolerancia cero»
El plan municipal incluye una mejor selección y formación de los monitores, así como canales más claros para denunciar. La alcaldía se comprometió a publicar estadísticas trimestrales y a informar a las familias sobre el resultado de los procedimientos. De los 78 monitores suspendidos en lo que va de año, 31 lo fueron por sospechas de violencia sexual.
Antecedentes: La presión de las familias y el precedente de #MeToo
La ira de las familias, considerada «legítima» por el alcalde, y una petición con más de 22.300 firmas impulsada por el colectivo #MeTooEcole presionaron para actuar. En Francia, el movimiento #MeToo permitió romper tabúes en otros sectores, como los abusos a menores. Un caso destacado fue el de la escuela católica Betharram, con más de 200 antiguos alumnos denunciando agresiones.
Cierre: Un comienzo ante un desafío histórico
Las asociaciones de padres, como #MeTooEcole, consideran el plan un comienzo pero reclaman medidas de urgencia. La situación pone el foco en la responsabilidad de la administración local, encargada de contratar y formar a estos supervisores, y en la necesidad de transparencia total con las familias afectadas.