La COB exige recortes salariales de hasta el 50% para altos cargos del Estado boliviano
La Central Obrera Boliviana demanda recortes salariales del 20% al 50% para funcionarios que superen los 10.000 bolivianos, incluyendo al presidente, ministros y legisladores, argumentando que deben compartir la crisis económica.
COB plantea reducción salarial de hasta el 50% para altos cargos del Estado
La Central Obrera Boliviana (COB) exige recortes salariales de entre el 20% y el 50% para funcionarios que ganen más de 10.000 bolivianos. El pedido incluye al presidente, vicepresidente, ministros y legisladores. El argumento es que las altas autoridades deben compartir la crisis económica. La medida se presenta en el pliego petitorio de la organización sindical.
Cuestionamiento al trabajo parlamentario
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, Andrés Paye, cuestionó específicamente la labor de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Señaló que no existen resultados visibles a cinco meses de la nueva administración. Paye observó el silencio de los parlamentarios frente a la intención del Ejecutivo de gobernar mediante decretos supremos.
Montos salariales en debate
Los legisladores titulares perciben 23.000 bolivianos y los suplentes 8.000 bolivianos. Paye cuestionó que estos sueldos se justifiquen por un trabajo de «tres o cuatro días». Exigió que los parlamentarios demuestren con resultados su labor para validar sus dietas. El senador Nilton Condori coincidió en que los montos son elevados para el escaso trabajo realizado.
Antecedentes del reclamo sindical
La COB ha planteado en su pliego petitorio la reducción de sueldos de las altas autoridades de Estado. Andrés Paye ratificó el pedido bajo el argumento de que la «cúpula» gubernamental debe «compartir la crisis económica» por la que atraviesa el país. El pliego detalla el recorte para cargos en la Gestora Pública, Banco Unión, YPFB y sus subsidiarias.
Implicaciones del petitorio
La propuesta sitúa la discusión sobre la remuneración de servidores públicos en el centro del debate político. Plantea una revisión del rendimiento de las funciones frente a la compensación económica recibida. El reclamo surge en un contexto de preocupación por la gestión económica y la eficiencia de las políticas gubernamentales.